Conflicto por Isla Fiesta llega al máximo tribunal administrativo del país
El caso de Isla Fiesta, un predio baldío de la nación ubicado en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena, ha escalado hasta el Consejo de Estado luego de más de dos décadas de ocupación por parte del empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde, quien se niega a devolver la propiedad al patrimonio público.
Ocupación irregular y daños documentados
Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) documentaron recientemente daños y destrozos en lo que fuera una casa de lujo en la isla, evidenciando el deterioro del bien público. Las imágenes exclusivas muestran el estado actual del predio, que cuenta con más de 600 metros cuadrados de playa y palmeras protegidas por la Resolución 4698 de 1984 como bien baldío inalienable.
"La ANT ha radicado una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar para frenar lo que califica como un 'despropósito jurídico' que favorece a un particular sobre el patrimonio público", explicó una fuente cercana al caso.
Contratos vencidos y desobediencia administrativa
Lisocki Fryde mantuvo el control de Isla Fiesta mediante contratos de arrendamiento que expiraron formalmente el 3 de diciembre de 2023, fecha desde la cual su situación pasó de arrendatario legítimo a ocupante irregular. Durante más de veinte años, el empresario pagó un canon mensual de $220.430 por el arriendo, pero según la ANT, ha ignorado múltiples oportunidades para legalizar su situación.
La agencia gubernamental detalla que el empresario:
- Ignoró dos requerimientos de entrega voluntaria en noviembre de 2023 y abril de 2024
- Incumplió tres citaciones formales para presentar su oferta en el "Banco de Oferentes" (mayo y septiembre de 2025, y marzo de 2026)
- Mantuvo una inactividad deliberada pese a manifestar interés en regularizar su estancia
Recuperación y controversia judicial
La tensión escaló cuando la ANT, en uso de sus facultades de policía administrativa, recuperó la isla el 28 de enero de 2026 mediante un operativo. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó un fallo de primera instancia y ordenó a la agencia devolver la isla al empresario en 48 horas, amparando un presunto derecho al "debido proceso".
"Esta decisión es un defecto fáctico y sustantivo", argumenta la ANT en documentos obtenidos por este medio. "El Tribunal está obligando al Estado a entregar un bien público a alguien que no tiene título, ni contrato, ni voluntad de pago".
Precedente para los baldíos nacionales
La demanda ante el Consejo de Estado no solo busca recuperar Isla Fiesta, sino que pretende sentar un precedente sobre el respeto y la vigilancia a los baldíos de la Nación. De los 33 contratos vencidos en la zona de Islas del Rosario, el caso de Lisocki Fryde destaca por ser el único ocupante renuente que ha llevado el conflicto hasta las últimas instancias judiciales.
La ANT actúa bajo orden de la Contraloría General de la República, que mediante el Hallazgo No. 1 del primer semestre de 2024 exigió medidas inmediatas contra la "situación jurídica indeterminada" de los predios en las Islas del Rosario.
Medidas urgentes solicitadas
En su acción de tutela, la Agencia Nacional de Tierras solicita al Consejo de Estado:
- Dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Bolívar que ordenó la restitución del predio al particular
- Confirmar la legalidad de la diligencia de recuperación realizada por la ANT
- Proteger el interés general sobre el derecho al "descanso vacacional" de un ciudadano con contratos expirados
Mientras tanto, el equipo jurídico del empresario sostiene que "jamás ha existido explotación económica del predio con fines turísticos de ninguna índole" y que en todos los contratos se reconoció "la buena fe y la confianza legítima de la ocupación".
El Consejo de Estado tiene ahora en sus manos la decisión de validar la autoridad de la ANT para sanear las islas o permitir que los baldíos de la Nación sigan siendo, en la práctica, propiedades privadas de facto protegidas por tecnicismos legales. En las aguas de Cartagena, el caso de Isla Fiesta sigue siendo el símbolo de una deuda histórica: la recuperación de la tierra que pertenece a todos los colombianos.
