El Gobierno del presidente Gustavo Petro finalizó su mandato con la adjudicación de cuatro megaproyectos bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), el mismo que ha sido objeto de sus críticas. Entre estos se destaca la concesión vial más costosa en la historia de Colombia: la APP 5G El Estanquillo–Popayán, valorada en 8,82 billones de pesos.
Inversión récord en infraestructura
Según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la inversión en proyectos concesionados durante el cuatrienio de Petro creció un 70,3% en comparación con los tres periodos anteriores. Este anuncio se realizó en una rueda de prensa del Ministerio de Transporte el pasado 12 de junio en Bogotá, donde se presentó un balance de inversiones por más de 16 billones de pesos en Nariño.
Estas cifras contrastan con las declaraciones del presidente el 3 de junio en Caldas, donde afirmó que su política frente a las concesiones es "no extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado". Sin embargo, menos de un mes antes, había firmado el contrato de la concesión más grande del país.
Los cuatro megaproyectos APP
Los proyectos adjudicados son: el Canal del Dique (diciembre de 2022), la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (diciembre de 2023), el tren La Dorada–Chiriguaná (abril de 2025), primera APP ferroviaria del país por 3,4 billones de pesos, y la APP El Estanquillo–Popayán (marzo de 2026), por 8,82 billones.
En comparación, el expresidente Juan Manuel Santos adjudicó más de 30 megaproyectos APP en sus dos periodos, Iván Duque firmó siete durante la pandemia, y Petro llegó a cuatro. No obstante, la ANI reporta que la inversión fue la más alta registrada, aunque buena parte corresponde a proyectos heredados de administraciones anteriores.
Financiación con vigencias futuras
El proyecto más voluminoso, El Estanquillo–Popayán, se estructura como una APP de Iniciativa Pública, donde el Estado compromete aportes y garantías al concesionario. Fuentes del sector señalaron que la obra compromete recursos de gobiernos futuros a través de vigencias futuras, mecanismo presupuestal que el Gobierno Petro ha cuestionado en repetidas ocasiones.
El debate sobre las concesiones
María Consuelo Araújo, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), destacó la importancia de las APP: "Este proyecto ratifica la importancia de las Asociaciones Público-Privadas, un modelo que ha demostrado ser fundamental para sacar adelante obras de gran envergadura". La CCI advirtió que "cuando las señales son ambiguas, se erosiona la credibilidad del entorno de inversión".
Según la CCI, por cada peso invertido en obras civiles se generan 2,25 pesos en productividad y 2,46 en salarios. Además, por cada 1% del PIB invertido en infraestructura, la tasa de desempleo baja 0,6 puntos porcentuales, equivalente a 283.000 empleos anuales.
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, afirmó que el corredor El Estanquillo–Popayán "generará más de 150.000 empleos y beneficiará a cerca de un millón de personas". El presidente Petro declaró: "Es una obra que le apuesta a la paz porque estamos construyendo justicia social".
Catambuco–Pasto sin recursos garantizados
Un día antes de la rueda de prensa del Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Pasto convocó un llamado nacional para exigir recursos para la doble calzada Catambuco–Pasto, con un presupuesto estimado de $450.000 millones. Solo $150.000 millones están asegurados para una primera fase; el resto quedó como recursos de gestión sin fuente confirmada.
La ministra María Fernanda Rojas aseguró que "la obra avanza con hechos concretos" y que hay "recursos identificados". El alcalde Nicolás Toro Muñoz advirtió que si el proyecto se suspende, el proceso tendría que reiniciarse, generando retrasos adicionales.
Rezago portuario en Buenaventura
En la rueda de prensa también se abordó el tema del puerto de Buenaventura, que opera a una profundidad de 12,5 metros, frente a los 16 metros de El Callao (Perú) y Manzanillo (México). La CCI ha documentado que el dragado requeriría remover 74 millones de metros cúbicos con una inversión superior a 265 millones de dólares.
El proyecto contempla llevar la bahía interna a 16,5 metros en una primera fase y hasta 19 metros en una segunda etapa. La CCI ha solicitado que la iniciativa sea declarada proyecto estratégico nacional mediante un documento Conpes para garantizar su financiación y evitar la incertidumbre presupuestal.
