Acolgén advierte sobre graves consecuencias del decreto de emergencia económica para el sector eléctrico
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) ha manifestado una profunda preocupación frente al Decreto Legislativo 0177 de 2026, expedido en el marco del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 0150 de 2026. El gremio considera que las medidas adoptadas pueden afectar significativamente la estabilidad financiera, regulatoria y operativa del sector eléctrico colombiano.
Reconocimiento climático pero rechazo a las medidas
El gremio reconoció explícitamente la gravedad de la situación climática que atraviesa el país y la necesidad imperante de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su firme rechazo al decreto al señalar que, en su criterio, no cumple plenamente con los estándares constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad que rigen los estados de excepción en Colombia.
Sobretasa del 2% sobre ventas brutas
El Decreto 0177 impone, por un período de seis meses, una transferencia adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos del país. Esta medida se suma a las transferencias ambientales ya vigentes: 6% para hidroeléctricas y 4% para térmicas.
Con la nueva disposición, la carga pasaría transitoriamente del 6% al 8% en el caso de las hidroeléctricas y del 4% al 6% en el sector térmico. Acolgén advirtió que se trata de un cobro sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se aplica independientemente de la rentabilidad de las compañías.
Facultades extraordinarias a la Anla
El decreto también faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que cuenten con alertas del Ideam. Según Acolgén, estas modificaciones podrían tener prevalencia sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que genera serias inquietudes sobre la operación eficiente de los proyectos, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria del sector energético.
Impactos advertidos sobre la seguridad energética
Desde la perspectiva del gremio, las medidas podrían afectar directamente la seguridad energética del país al desconocer compromisos de energía firme asociados a los embalses y poner en riesgo la confiabilidad del sistema en el mediano plazo. Esta preocupación se acentúa especialmente ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño hacia finales del año 2026.
Asimismo, señaló que las disposiciones podrían comprometer la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión nacional e internacional.
Cuestionamientos constitucionales fundamentales
El gremio sostuvo que no se acredita de manera suficiente la necesidad de imponer una carga extraordinaria al sector eléctrico cuando existen, a su juicio, mecanismos presupuestales ordinarios para atender la emergencia económica. También cuestionó que no se justifique técnicamente el porcentaje del 2% ni el costo real que se busca cubrir con esta medida.
Además, advirtió que se trata de una exacción sobre ingresos brutos que podría desconocer principios de equidad y capacidad contributiva, y que la modificación transitoria de instrumentos ambientales podría tener efectos estructurales que exceden el alcance estrictamente coyuntural permitido por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia.
Consecuencias adicionales identificadas
Acolgén también indicó que la medida podría generar asimetrías competitivas entre diferentes tecnologías de generación, afectar la estructura de costos del sistema en un contexto de estrechez hídrica actual, y permitir la modificación de condiciones técnicas y contractuales de proyectos ya licenciados y en operación.
Según el gremio, esto podría afectar el flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, con eventuales efectos en los costos del sistema eléctrico que podrían trasladarse a los consumidores finales.
