Air-e: 18 meses de intervención sin rumbo claro en su reestructuración
Este mes se cumplen exactamente dieciocho meses desde que la empresa de energía Air-e fue intervenida por las autoridades, y su proceso de reestructuración continúa en un limbo preocupante. La situación se ha vuelto aún más compleja tras la renuncia, en enero, del cuarto interventor asignado, Nelson Javier Vásquez, cuyo reemplazo aún no ha sido anunciado oficialmente.
Nuevo mecanismo de control para el Caribe
Ante la incertidumbre que rodea a Air-e, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha decidido instalar en Barranquilla un Puesto de Mando Unificado (PMU). Este dispositivo tiene como objetivo principal monitorear de manera integral—técnica, financiera y operativa—el mercado energético de la región Caribe y garantizar la continuidad del suministro eléctrico para los usuarios.
Según un comunicado oficial emitido este miércoles, el PMU es liderado por la Superservicios y cuenta con la participación de varias entidades clave:
- Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
- Departamento Nacional de Planeación (DNP)
- Ministerio de Minas y Energía
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- La propia empresa intervenida, Air-e
Air-e es responsable de prestar el servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios distribuidos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La Superservicios ha enfatizado que el propósito de esta articulación institucional es asegurar la calidad, la continuidad y la estabilidad del suministro en toda la región Caribe.
La crítica situación financiera de la empresa
De acuerdo con estimaciones del Gobierno Nacional, Air-e requeriría aproximadamente COP 5,5 billones para sanear sus cuentas actuales y cubrir el flujo de caja necesario en un horizonte superior a un año. Estos recursos están planteados para saldar deudas acumuladas y realizar inversiones mínimas indispensables que permitan la operación continua de la empresa.
La gravedad de la situación se ha visto reflejada en una propuesta gubernamental que generó controversia: a principios de enero, se conoció un borrador de resolución mediante el cual el Gobierno busca que los usuarios paguen COP 8 adicionales por kilovatio en sus facturas de energía, con el fin de financiar parte de la abultada deuda de Air-e.
Inestabilidad en la dirección de la intervención
La renuncia de Nelson Javier Vásquez a finales de enero agrega otro capítulo a la inestabilidad que ha caracterizado la intervención de Air-e. Vásquez era el responsable de liderar la reestructuración de una empresa que, según voces de varios gremios del sector, "sigue cavando un hueco cada vez más hondo" en términos financieros y operativos.
La silla del interventor ha sido notoriamente caliente. Antes de Vásquez, por este cargo ya habían pasado figuras como Edwin Palma (quien además se desempeñaba como Ministro de Minas), Carlos Diago y Diana Bustamante. Esta rotación frecuente ha dificultado la implementación de una estrategia coherente y a largo plazo para rescatar a la empresa.
Mientras tanto, los más de 1,3 millones de usuarios en la Costa Caribe continúan a la espera de soluciones definitivas que garanticen un servicio de energía estable, eficiente y a un costo justo, en medio de un panorama financiero que parece lejos de resolverse.
