Air-e: Un año de intervención fallida que profundiza la crisis del sector eléctrico
Hace exactamente un año, cuando publiqué mi columna titulada "Air-e, la punta del iceberg", quise señalar que la crisis financiera que llevó a la intervención de esta empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 12 de septiembre de 2024 no era un hecho aislado. Las demás comercializadoras de energía que prestan servicio a los usuarios colombianos estaban y siguen afectadas por las mismas deficiencias estructurales.
La deuda que ahoga al sector energético
La enorme deuda del Gobierno Nacional por concepto de subsidios al consumo de energía para los estratos 1, 2 y 3, sumada a la mora en pagos de entidades oficiales y la acumulación por la opción tarifaria, mantiene a todas estas empresas al borde de un apagón financiero inminente. Los organismos de control, específicamente la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, han establecido y advertido esta situación crítica en múltiples pronunciamientos oficiales.
El caso más patético era y sigue siendo el de Air-e. Lo que motivó su intervención fue su insolvencia, iliquidez y falta de caja operativa. Lejos de resolverse, esta situación se ha agravado dramáticamente: la deuda con las empresas generadoras de energía pasó de $500 mil millones antes de la intervención a $1,7 billones después de ser intervenida. Este incremento del 240% evidencia la incuria, negligencia, desidia e incompetencia de la Superintendencia, que en lugar de solucionar la crisis se convirtió en parte fundamental del problema.
El fracaso de la intervención y las soluciones improvisadas
El propio ministro de Minas y Energía ha reconocido que "sin el respaldo de la Superintendencia a través del Fondo Empresarial, la prestación del servicio de la empresa intervenida se vuelve inviable". Ha señalado claramente que las medidas regulatorias y administrativas no son suficientes, requiriéndose apoyo y gestiones concretas que permitan a la empresa recuperarse; de lo contrario, se tendría que considerar su liquidación.
La Superintendencia de Servicios Públicos dispone del Fondo Empresarial precisamente para solventar y dar liquidez a empresas intervenidas, pero ha aducido falta de recursos para aplicarlo en el caso de Air-e. Tres superintendentes diferentes han desfilado por la entidad sin tomar acciones concretas para proporcionar dichos recursos. Esta dilación e inacción llevó al contralor general a señalar que, pese a las advertencias desde 2024, "no se tomaron decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos".
Trasladando la carga a usuarios y generadores
Ahora, de manera tardía, se pretende que sean los usuarios quienes financien el Fondo Empresarial mediante un recargo de $8 por kWh consumido en sus facturas, equivalente a un incremento del 1%. Esto significa trasladar al usuario común el incumplimiento del Estado en sus obligaciones.
Como si esto fuera poco, amparados en la emergencia económica, se ordenó mediante el Decreto 044 de enero de 2026 que sean las propias empresas generadoras -a las que Air-e les debe la energía despachada- las que financien dicho fondo para que este, a su vez, le gire recursos a Air-e para que pague lo que debe. Esta "vuelta del bobo" institucional fue afortunadamente suspendida por la Corte Constitucional al dejar sin efecto el Decreto 1390 de 2025 que declaraba la emergencia.
La circular que contradice tres décadas de regulación
Un agravante adicional para las empresas generadoras fue la emisión por parte de la Superintendencia de la Circular Externa 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, mediante la cual "exhorta a todos los agentes del mercado de energía a abstenerse de iniciar o continuar procesos de limitación de suministro" a empresas intervenidas. El mensaje implícito es claro: aunque Air-e no pague la energía que consume, las generadoras están obligadas a seguir despachándosela.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (gremio de empresas generadoras), explica que "esta acción va en contra de la sostenibilidad del sector eléctrico porque todo está diseñado con cortapisas, siendo la principal la limitación de suministro". Este mecanismo, que existe desde hace más de 30 años, permite decirle a cualquier empresa compradora que si no paga, enfrentará restricciones en el suministro.
La suficiencia financiera de las empresas es uno de los pilares fundamentales para la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio, tal como está previsto en la Ley 142 de 1994. Castañeda advierte que "esa circular va en contravía de lo establecido hace tres décadas a través de resoluciones de la Creg, decretos y la misma ley que rige los servicios públicos".
El riesgo sistémico que amenaza a todo el sector
Por este camino se puede materializar el tan temido apagón financiero de las empresas del sector eléctrico y el efecto dominó que reiteradamente han advertido los organismos de control. Este escenario podría conducir a una falla sistémica que comprometa la prestación del servicio en todo el país, representando el peor panorama posible para la estabilidad energética nacional.
La crisis financiera de Air-e no es un hecho sobreviniente ni aislado, sino el síntoma más visible de problemas estructurales que afectan a todo el sector eléctrico colombiano. Mientras la Superintendencia continúa sin tomar decisiones efectivas, el riesgo de colapso financiero se incrementa día a día, poniendo en jaque la confiabilidad del servicio eléctrico para millones de colombianos.
