Cartagena será epicentro de transformación histórica en protección de usuarios de servicios públicos
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha designado a Cartagena de Indias como el escenario principal para una de sus jornadas regionales más trascendentales: la construcción del nuevo Régimen de Protección de Derechos de los Usuarios de energía eléctrica y gas natural. Este proceso participativo busca reemplazar una normativa que lleva 25 años vigente y que ha sido calificada como obsoleta y dispersa.
Un laboratorio de democracia participativa en el Centro Histórico
El próximo miércoles 15 de abril, el auditorio de las Escuelas Salesianas en el Centro Histórico de Cartagena se convertirá en un espacio de diálogo multisectorial. Desde las 2:00 p.m., representantes del Gobierno Nacional, gremios empresariales, vocales de control y usuarios comunes se reunirán para "traducir las realidades territoriales en artículos legales", según explicaron los organizadores.
Fanny Guerrero Maya, comisionada experta de la CREG, destacó que Cartagena fue seleccionada precisamente por su complejidad socioeconómica: "Es una ciudad donde convergen un sector residencial con necesidades críticas, una zona industrial de gran calado y un sector comercial pujante. Cartagena permite revelar en su conjunto las dimensiones de la prestación del servicio".
El fin de un laberinto normativo de 25 años
La regulación actual, basada en la Resolución CREG 108 de 1997, ha sido ampliamente criticada por constituir un verdadero laberinto de normas dispersas. Durante un cuarto de siglo, se han expedido múltiples resoluciones específicas que, aunque buscaban actualizar las reglas del juego, terminaron dificultando que los usuarios comprendieran sus derechos y deberes en términos prácticos.
El diagnóstico preliminar de la CREG es contundente: el usuario colombiano está cansado de la tecnocracia. A la fecha, el organismo ya ha sistematizado más de 500 propuestas ciudadanas recolectadas en todo el país, las cuales apuntan a cuatro prioridades fundamentales:
- Lenguaje claro: Eliminar el tecnicismo excesivo en las comunicaciones oficiales para que cualquier ciudadano entienda por qué le cobran lo que le cobran.
- Facturas comprensibles: Implementar un diseño de factura que permita identificar consumos, subsidios y cobros adicionales de forma transparente y accesible.
- Eficiencia en PQR: Reducir significativamente los tiempos de respuesta y mejorar los canales de atención de peticiones, quejas y reclamos.
- Formatos accesibles: Incorporar herramientas inclusivas para personas con discapacidades o limitaciones de acceso a la información.
Cifras que exigen un cambio urgente
El nuevo régimen impactará directamente la vida de 11,53 millones de usuarios de gas y 17,34 millones de usuarios de energía eléctrica en todo el territorio nacional. En regiones como el Caribe, donde los servicios públicos representan un tema de alta sensibilidad social y estabilidad política, esta actualización normativa es vista como una "válvula de escape" a las tensiones históricas con las empresas prestadoras.
La jornada en Cartagena espera congregar a más de 200 participantes activos en mesas de trabajo especializadas. El objetivo central es que la regulación deje de ser un documento redactado exclusivamente en oficinas de Bogotá y se convierta en una herramienta viva que responda a las dinámicas específicas de cada territorio.
Un modelo de diálogo regional con proyección nacional
"Buscamos construir una regulación más cercana a las realidades de los ciudadanos. La percepción de justicia en el cobro y la calidad en el trato son tan importantes como el criterio técnico", subrayó la CREG en su comunicado oficial. La comisión extendió una invitación abierta a todos los municipios del departamento de Bolívar para participar activamente en este proceso.
Con este encuentro histórico, el Estado colombiano busca fortalecer una relación usuario-empresa que actualmente se encuentra bajo máxima presión social. Si el 'modelo Cartagena' demuestra ser exitoso, el país podría estar ante el marco de protección al consumidor más moderno y participativo de la región, devolviéndole al usuario su papel protagónico en el mercado de los servicios públicos domiciliarios.
Este proceso marca un punto de inflexión en la regulación de servicios esenciales en Colombia, donde por primera vez las voces de los usuarios tendrán un peso determinante en la construcción de las normas que rigen su relación con las empresas de energía y gas.
