Gobierno acumula deuda de $9,2 billones con empresas del sector energético
Los líderes gremiales del sector energía en Colombia han dado la voz de alarma: el Gobierno nacional mantiene una deuda acumulada de $9,2 billones con las empresas que conforman el mercado eléctrico, situación que ya está generando un déficit energético en firme del 2% y amenaza con desencadenar apagones físicos en el territorio nacional.
Desglose de la deuda y sus componentes críticos
La monumental deuda se desagrega en cuatro componentes principales que reflejan la complejidad del problema:
- Subsidios al consumo: $3,5 billones pendientes
- Opción tarifaria: $2,2 billones sin liquidar
- Deuda oficial: $1,4 billones acumulados
- Pasivo de Air-e con generadores y transmisores: $2,1 billones en mora
Según los representantes gremiales, el Ministerio de Minas y Energía no ha procedido a liquidar los pagos correspondientes al año 2025, obligando a las empresas del sector a recurrir al endeudamiento externo para mantener sus operaciones ante la disminución crítica del flujo de caja.
Inversiones paralizadas y déficit energético creciente
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, destacó que en los últimos años apenas ingresó el 0,6% de la energía proyectada para atender la demanda nacional. La incertidumbre jurídica y regulatoria actúa como un freno a la inversión privada, esencial para ampliar la capacidad de generación del país.
"Las nuevas inversiones están afectadas por la inestabilidad regulatoria y las últimas señales desde el Gobierno han sido casi de expropiación", afirmó Gutiérrez, quien citó un informe de Fitch Ratings que advierte sobre los riesgos para los flujos financieros del sector.
Los cálculos del gremio indican que el déficit energético actual del 2% podría escalar al 3,5% para el año 2027, requiriéndose con urgencia la entrada en operación de nuevas plantas generadoras que no encuentran condiciones atractivas para su desarrollo.
Dilema empresarial: endeudarse o enfrentar intervención
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, ilustró el dilema que enfrentan las empresas: "Si yo tengo una planta de US$200 millones, al cesar la operación la amenaza es la intervención, que es lo que pasa hoy, por ejemplo, en el sector salud. Entonces prefiero alargar la agonía, endeudándome o vendiendo activos para continuar".
Esta situación se agrava con el manejo de Air-e, intervenida desde 2024, cuya deuda con generadores ha crecido de $500.000 millones iniciales a $2,1 billones actuales, según reveló Castañeda. La empresa ha tenido cinco agentes interventores sin que se vislumbre una solución definitiva.
Empresas pequeñas en situación crítica
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, alertó que las empresas más pequeñas del sector son las más vulnerables, careciendo del margen de maniobra que poseen los grandes agentes. Del pasivo pendiente, el 72% corresponde a deuda pública y representa dos años de ingresos brutos de los comercializadores.
"Hoy estamos peor que hace un año y estamos en una tormenta perfecta", señaló Manzur, quien detalló medidas que agravan la situación: aumento de retención en la fuente, más impuesto al patrimonio y una propuesta de la Creg que disminuiría cerca de un tercio la remuneración del sector.
La advertencia es clara: "No damos más, si no hay solución llegaremos a apagón físico", puntualizó el representante gremial.
Subsidios: alivio para hogares, carga para empresas
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, cerró las intervenciones aclarando un punto fundamental: "Los subsidios no son un beneficio para las empresas. Son un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en factura".
El problema radica en que el Gobierno no gira los recursos correspondientes, obligando a las empresas a financiar con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener en solitario. La solución, según los gremios, requiere que dentro del Presupuesto General de la Nación se aprueben los recursos necesarios para que la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Minas y Energía puedan regularizar la situación.
El llamado final es contundente: el Gobierno debe cumplir con sus obligaciones legales para evitar un colapso del sistema energético nacional que afectaría a todos los colombianos.
