Empresas de gas amenazan con acciones legales tras orden de devolución de $150.000 millones
El debate sobre el precio del gas natural en Colombia se intensificó este jueves, cuando las principales empresas transportadoras del combustible respondieron con un rechazo directo a la medida gubernamental de devolver más de COP 150.000 millones a los usuarios por presuntos sobrecostos en el transporte. Las compañías Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente advirtieron que evaluarán acciones legales si la decisión se formaliza, asegurando que no han cobrado tarifas indebidas y que todas sus actuaciones se han ceñido a la regulación vigente.
La respuesta de las empresas transportadoras
En un comunicado conjunto, las transportadoras sostuvieron que la metodología tarifaria aplicada corresponde exactamente a la establecida por la regulación, específicamente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Según explicaron, la tasa de descuento que determina la rentabilidad de la infraestructura de transporte se aplicó "de manera estricta, transparente y rigurosa", siguiendo las resoluciones expedidas por la CREG. Por esa razón, las empresas afirman que no existe fundamento para hablar de cobros indebidos y que no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios, por lo que no habría lugar a devoluciones.
Las transportadoras también mencionaron un episodio reciente que consideran relevante en la discusión. El 11 de febrero de 2026, un tribunal arbitral que resolvió una controversia entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) concluyó que la transportadora aplicó correctamente la tasa de descuento definida por la regulación. Para las compañías, ese laudo confirma que la forma en que se calcularon los cargos por transporte estuvo alineada con las reglas vigentes del sector.
El origen de la controversia y el giro del Gobierno
La discusión gira en torno a un elemento técnico clave: la tasa WACC, que define la rentabilidad que el regulador reconoce a las empresas que invierten en infraestructura de transporte, como gasoductos y estaciones de compresión. En 2023, la CREG elevó esa tasa de 10,94 % a 11,88 %, como resultado de un recálculo automático previsto en la regulación cuando cambian variables macroeconómicas, como el impuesto de renta corporativo, que subió al 35 % tras la reforma tributaria de 2022.
Tras revisar recursos presentados por distribuidores de gas, la CREG, con apoyo del Ministerio de Minas y Energía, decidió reducir nuevamente la tasa al 10,94 % y ordenar la devolución de los valores que, según el Gobierno, fueron cobrados de más desde 2023. El monto estimado supera los COP 150.000 millones, recursos que deberían regresar a los usuarios mediante ajustes en la facturación. Sin embargo, las transportadoras indicaron que hasta ahora no han recibido ninguna decisión administrativa formal que ordene devolver dinero, solo un anuncio público, y que analizarán el contenido y alcance de cualquier decisión cuando sea formalmente expedida.
Implicaciones para el sector y los usuarios
El transporte de gas natural funciona como una autopista energética que conecta los campos productores con las redes urbanas, y su remuneración está regulada por tratarse de un monopolio natural. La tarifa la fija el regulador para equilibrar dos objetivos: permitir la recuperación de las inversiones y evitar cobros excesivos a los usuarios. Mientras el Ejecutivo revisa la formación del precio del gas en distintos puntos de la cadena, las transportadoras defienden que su actuación ha seguido exactamente las reglas vigentes.
El resultado de este pulso entre regulación, empresas y decisiones administrativas terminará definiendo cómo evoluciona uno de los servicios públicos más sensibles para hogares e industrias del país. Las empresas advirtieron que, si consideran que las medidas vulneran el marco regulatorio o jurídico, podrían acudir a instancias judiciales, lo que podría prolongar la controversia y afectar la estabilidad tarifaria en el corto plazo.
