Gobierno ordena devolución masiva de $150.000 millones en sector gasífero
Un nuevo enfrentamiento se desató entre el Gobierno Nacional y las empresas gasíferas tras conocerse una orden que obliga a devolver más de $150.000 millones a los usuarios del servicio de gas natural. La medida, anunciada este jueves 5 de marzo de 2026, responde a lo que las autoridades califican como cobros excesivos que se remontan al año 2023, generando un intenso debate sobre las responsabilidades en la crisis energética actual.
La disputa por las tarifas y el componente de transporte
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) acogió formalmente la solicitud presentada por los comercializadores de gas, quienes argumentaban que el componente de transporte debía cobrarse a una tasa del 10,94% en lugar del 11,88% establecido en el último ajuste del Wacc. Este mecanismo regulatorio es fundamental porque determina directamente los costos que finalmente pagan los consumidores finales en sus facturas mensuales.
Desde el Ministerio de Minas y Energía, el ministro Edwin Palma fue categórico al afirmar: "La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga de las familias". Sin embargo, las empresas del sector respondieron con duras críticas, acusando al Gobierno de intentar controlar artificialmente los precios de un servicio cuyos costos operativos y de materias primas han aumentado sustancialmente.
El trasfondo: crisis de oferta y demanda gasífera
La raíz del conflicto se encuentra en la caída significativa de la disponibilidad de gas natural para atender la demanda nacional. Según las proyecciones oficiales de la Creg, durante el presente año el mercado requerirá aproximadamente 800 millones de pies cúbicos por día (mpcd), mientras que la producción nacional apenas alcanzará los 500 mpcd. Esta brecha del 37,5% obliga a importar gas, incrementando sustancialmente los costos para todo el sistema.
Un ejecutivo del sector privado, quien prefirió mantener el anonimato, reveló datos alarmantes: "A causa del déficit gasífero, el millón de BTU (British Thermal Unit) ha aumentado hasta 150%, al pasar de US$6 a US$15". Este incremento exponencial en los precios internacionales ha creado una presión insostenible sobre la cadena de valor completa del gas en Colombia.
Posiciones enfrentadas y litigios en curso
Las empresas transportadoras argumentan que el ajuste del Wacc resulta necesario cuando ocurren al menos dos situaciones específicas: aumento en el impuesto de renta y incremento en las tasas de interés. Mientras las tasas de interés bajaron del 13,25% en 2023 al 9,25% en 2025, el impuesto de renta subió del 31% al 35%, creando según ellos las condiciones para un reajuste técnico.
Desde la perspectiva empresarial, la decisión de la Creg responde más a consideraciones políticas que técnicas. Un alto ejecutivo del sector comentó: "Este sector es caníbal, todos quieren ganar a costa de los otros, en vez de ver cómo garantizamos el mejor y más económico servicio posible". Actualmente existen múltiples litigios judiciales entre comercializadores y distribuidores por discrepancias en las tarifas aplicadas.
El panorama del mercado gasífero colombiano
El universo de usuarios del gas natural en Colombia alcanza los 11,2 millones de consumidores, distribuidos entre diversas empresas que dominan el mercado. Las siete compañías líderes por cantidad de usuarios son:
- Vanti: aproximadamente 2,5 millones de usuarios
- EPM: 1,4 millones de usuarios
- GDO: 1,3 millones de usuarios
- Gases del Caribe: 1,19 millones de usuarios
- Alcanos: 1,05 millones de usuarios
- Surtigas: 918.000 usuarios
- Efigas: 690.000 usuarios
Los restantes 2,2 millones de usuarios se distribuyen entre otras empresas del sector. En el segmento de transporte, la empresa TGI lidera con aproximadamente 4.033 kilómetros de gasoducto y una participación de mercado del 52%.
Próximos pasos y mecanismos de devolución
El Ministerio de Minas y Energía no ha proporcionado un listado detallado de las empresas específicas que deberán realizar las devoluciones, pero confirmó que la Creg definirá los mecanismos y cronogramas para que los recursos retornen efectivamente a los usuarios. Esta decisión regulatoria ocurre en un contexto donde algunos actores del sector señalan que ha sido la misma política minero-energética del Gobierno la que generó el desbalance entre oferta y demanda, al no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.
La implementación de esta orden marcará un precedente importante en la regulación de los servicios públicos en Colombia, mientras consumidores y empresas esperan claridad sobre cómo y cuándo se materializarán estas devoluciones millonarias que buscan aliviar la presión económica sobre los hogares colombianos.
