Fuga prolongada en gasoducto peruano desnuda vulnerabilidad energética del país
Una fuga prolongada en el principal gasoducto natural de Perú está exponiendo abruptamente los costos de la inestabilidad política crónica que afecta al país sudamericano, un fenómeno que los inversores frecuentemente han pasado por alto. El incidente, que comenzó el 1 de marzo y provocó un incendio cuya causa aún se investiga, ha paralizado operaciones industriales y amenaza con impactar significativamente la economía nacional.
Dependencia crítica de un solo sistema
Perú depende exclusivamente de un único sistema de ductos para transportar gas desde los yacimientos de Camisea, ubicados en la remota Amazonía de la región de Cusco. Esta infraestructura abastece más de un tercio de la electricidad del país y genera una parte sustancial de sus divisas mediante exportaciones de gas natural licuado (GNL).
"Es absolutamente falso que la política y la economía vayan por caminos separados en el Perú", afirmó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. "Más de 1000 industrias se han visto afectadas y algunas incluso han paralizado sus operaciones. Es evidente que la política es responsable de esta situación".
Impacto económico inmediato y proyecciones alarmantes
La crisis actual amenaza con impulsar la inflación de marzo a más del 1%, un incremento mensual no visto desde 2024. Según Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, dos semanas sin producción normal de hidrocarburos podrían restar entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual del país.
El apagón redujo drásticamente el suministro de gas a solo el 9% de su capacidad, obligando al gobierno a:
- Autorizar a industrias a utilizar combustibles alternativos más costosos como diésel
- Suspender exportaciones de GNL (Perú es el segundo mayor exportador latinoamericano después de Trinidad y Tobago)
- Ordenar dos semanas de racionamiento de combustible para priorizar hogares y servicios esenciales
Fracaso histórico en proyectos de respaldo
Las autoridades llevan años advirtiendo sobre la necesidad de una línea de respaldo y una planta de regasificación para importar gas en caso de interrupciones. Sin embargo, estas propuestas han fracasado sistemáticamente mientras Perú transitaba por nueve presidentes desde 2016.
Entre los proyectos más emblemáticos está el Gasoducto del Sur, adjudicado en 2014 a la excontratista brasileña Odebrecht y que alcanzó aproximadamente 20% de avance antes de estancarse en 2017 cuando estalló un escándalo de corrupción. Según Luis Alberto Espinoza Quiñones, ex viceministro de Energía, este gasoducto lleva nueve años retrasado, con sus tuberías abandonadas en el terreno y costando al Perú entre US$40 y US$50 millones anuales en mantenimiento.
"Nadie ha tenido la voluntad de hacer nada", declaró Espinoza. El año pasado, Transportadora de Gas del Perú (TGP) presentó una propuesta para extender sus operaciones existentes hasta 2043, pero sin incluir una línea de respaldo.
Contexto político turbulento y desafíos de reparación
El episodio pone a prueba al presidente interino José María Balcázar, apenas dos semanas después de asumir el poder tras la destitución de su predecesor. Balcázar gobernará solo hasta julio, tras las elecciones de abril.
"Si esto se prolonga, habrá problemas", declaró la semana pasada el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. La constante turbulencia política ha afectado a 30 ministros de energía y minas desde que Camisea comenzó a producir en 2004.
Las reparaciones del gasoducto se han visto dificultadas por:
- Fuertes lluvias en la zona afectada
- Ubicación remota accesible solo en helicóptero
- Las llamas que no se extinguieron completamente hasta el lunes, más de una semana después del incidente
Operadores y compromisos futuros
Los yacimientos de Camisea son operados por la argentina Pluspetrol SA, mientras que el sistema de transporte está a cargo de Transportadora de Gas del Perú SA, cuyo principal accionista es EIG Global Energy Partners LLC tras adquirir una participación del 49,87% a la canadiense CPP Investments en diciembre pasado.
TGP, que no respondió a solicitudes de comentarios, promete restablecer el suministro de gas este fin de semana según lo previsto. Mientras tanto, el ministro Alfaro se ha comprometido a priorizar la planta de regasificación, aunque según Espinoza, los pocos meses que le quedan al actual gobierno bastarían, como máximo, para dejar el proyecto listo para la licitación del próximo gobierno.
La crisis llega en un momento particularmente delicado, con precios mundiales del petróleo y el gas disparados desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero, y coincidiendo con el cierre del importante productor de GNL, Qatar, tras ser atacado por Irán.
