Reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte podría ampliar oferta energética en 50 millones de pies cúbicos diarios
El futuro del abastecimiento energético en Colombia enfrenta un panorama complejo, donde la posibilidad de incorporar nuevas moléculas de gas a la red nacional mediante proyectos de regasificación se ve obstaculizada por las dificultades persistentes para importar el recurso desde Venezuela. En medio de una creciente dependencia de las importaciones, debido a la disminución de la producción nacional, y mientras se espera la incorporación de recursos del proyecto offshore Sirius, el gobierno busca alternativas concretas para garantizar el suministro de gas hasta el año 2030.
Una alternativa estratégica en la frontera
Una de las opciones más prometedoras que se está evaluando es la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a Colombia con Venezuela. Según declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, poner nuevamente en funcionamiento esta infraestructura de transporte de gas permitiría incorporar aproximadamente 500 millones de pies cúbicos a la oferta nacional, lo que representaría un aumento significativo en la capacidad energética del país.
Esta posibilidad se enmarca dentro de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, facilitado por la intervención de Estados Unidos, que ha impulsado acercamientos entre ambas naciones sudamericanas con el objetivo de restablecer el intercambio energético. Sin embargo, el camino hacia la reactivación de las ventas de gas desde Venezuela presenta dos grandes obstáculos que deben ser superados.
Los desafíos técnicos y comerciales
El primer obstáculo está directamente relacionado con el estado actual de la infraestructura. El gasoducto Antonio Ricaurte fue construido en el año 2007 y funcionó hasta 2015, período durante el cual Colombia exportaba gas a su vecino. "Pero Venezuela nunca cumplió con su parte de vender gas después del 2016", según explicó Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en temas minero-energéticos.
Desde ese año, el gasoducto ha permanecido inactivo, y cualquier posibilidad de reactivación se vio enterrada cuando, el 28 de enero de 2019, la petrolera estatal venezolana Pdvsa fue incluida en la lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Además, Pdvsa ha advertido que busca dar por finalizado el acuerdo con Ecopetrol para venderle gas a Colombia, argumentando que "las condiciones comerciales actuales no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto", según el ministro Palma.
La voluntad política y la hoja de ruta
A pesar de estos desafíos, el gobierno colombiano ha manifestado su voluntad política de restablecer la cooperación energética con Venezuela. "Estamos trabajando de manera articulada con el sector ambiental y las autoridades técnicas para reactivar la licencia y permitir la sustitución del tramo de tubería que nos permita traer la molécula de gas desde Venezuela", afirmó el ministro Edwin Palma.
Colombia y Venezuela no descartan la posibilidad de retomar el intercambio energético. De hecho, los ministerios de energía de ambos países están avanzando en una hoja de ruta para restablecer cinco de los 225 kilómetros de extensión del gasoducto. Aunque aún no se ha revelado la inversión estimada para concretar esta reforma, es importante recordar que la construcción de la primera fase del proyecto tuvo un costo de US$230 millones.
El obstáculo de las sanciones internacionales
Incluso si se logra restaurar la infraestructura de transporte de gas, Colombia se enfrentaría a un segundo obstáculo de gran magnitud: no podría importar este recurso energético desde Venezuela debido a las sanciones que pesan sobre Pdvsa por parte de la Ofac. Desde 2019, la petrolera venezolana fue incluida en la lista Clinton, lo que bloqueó cualquier posibilidad de venta o compra de hidrocarburos con empresas públicas y privadas.
Sin embargo, la reconfiguración del control político en Venezuela, impulsada por la intervención de Estados Unidos y su interés en los recursos energéticos del país sudamericano, abre una puerta para que EE.UU. levante las sanciones sobre la petrolera. Los primeros pasos en esta dirección ya han sido dados, ya que a mediados de febrero la Ofac concedió la licencia 50A a Pdvsa para la comercialización de hidrocarburos con empresas como Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell.
Conversaciones en marcha
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, mencionó durante la presentación de los resultados financieros de 2025 que ya se están adelantando conversaciones con el gobierno norteamericano para el levantamiento de la sanción específica que facilitaría a la petrolera colombiana recibir gas venezolano. De acuerdo con las condiciones establecidas por Estados Unidos para Pdvsa, la reactivación de la importación de gas desde Venezuela deberá tener en cuenta:
- Las partes involucradas en las transacciones
- Una descripción detallada de las operaciones, incluyendo cantidades, valores y fechas
- Cualquier impuesto, tasa u otros pagos proporcionados al Gobierno de Venezuela
La reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte representa una oportunidad estratégica para Colombia en un momento crítico para su seguridad energética, pero su éxito dependerá de la superación de importantes desafíos técnicos, comerciales y diplomáticos.
