Generadoras públicas se suman a nueva regulación tarifaria en medio de debate técnico
En una decisión que marca un punto de inflexión en el mercado eléctrico colombiano, tres generadoras de energía públicas -Gecelca, Gensa y Urrá- formalizaron su adhesión a la nueva metodología tarifaria bajo el precio de escasez inferior, durante una reunión encabezada por el presidente Gustavo Petro.
El Gobierno Nacional sostiene que esta medida busca reducir la especulación en el mercado de energía y eventualmente disminuir los costos para los usuarios finales, al intervenir uno de los componentes clave del sistema: el precio de escasez, que funciona como techo en momentos de alta demanda o baja oferta.
Cambios regulatorios en el mecanismo del cargo por confiabilidad
El eje central de la discusión técnica gira en torno al precio de escasez dentro del mecanismo del cargo por confiabilidad. Según documentos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), este precio cumple tres funciones fundamentales: activa las obligaciones de energía firme, fija el techo del precio en bolsa y determina la remuneración de la energía en condiciones críticas.
La nueva regulación introduce un esquema con dos niveles diferenciados: un precio de escasez superior y uno inferior. Este último aplica específicamente a plantas con costos variables bajos, como las que operan con recursos renovables -principalmente hídricos- o carbón, y busca limitar el precio en bolsa durante períodos de alta volatilidad.
"La introducción del precio de escasez inferior busca retomar la función del precio de escasez como un techo de segundo nivel en la bolsa de energía", señala el documento regulatorio oficial.
Cuestionamientos sobre efectividad e impactos operativos
Pese a los objetivos anunciados por el Gobierno, expertos del sector energético han planteado serios cuestionamientos sobre la efectividad real de la medida para reducir las tarifas de los usuarios y sus posibles efectos operativos en el sistema eléctrico nacional.
Alejandro Lucio, director ejecutivo de Óptima Consultores, explicó que "los usuarios pagan muy poco el componente de bolsa de energía en sus facturas, del orden del 10% al 15%. Entonces, que eso vaya a bajar el precio que pagamos los usuarios, pues no".
Según su análisis técnico, el principal efecto de la medida sería proteger a usuarios con alta exposición al precio en bolsa, especialmente aquellos atendidos por comercializadores intervenidos, quienes podrían enfrentar mayores incrementos en escenarios de escasez energética.
Advertencias sobre riesgos en contextos de sequía
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió sobre implicaciones operativas potencialmente graves del nuevo esquema regulatorio, particularmente en contextos de sequía prolongada. Explicó que el precio de escasez determina cuándo se activa la obligación de generar energía firme y que un valor más bajo puede anticipar esa activación.
"El problema es cuando comienza a secarse el país... en ese momento cuando los precios de bolsa comienzan a subir estas empresas se les va a activar la entrega de esa energía firme primero", afirmó Castañeda durante su intervención.
De acuerdo con su explicación técnica, esto podría llevar a un uso anticipado de recursos críticos como el agua en las hidroeléctricas, reduciendo significativamente la capacidad de respuesta del sistema en escenarios prolongados de escasez hídrica.
"Entonces no vas a cuidar el recurso escaso que es el agua... sino que te lo vas a gastar de arranque", agregó el experto, al referirse a la dinámica preocupante que podría generarse en la operación del sistema eléctrico nacional.
Participación limitada y carácter voluntario cuestionado
La participación de las tres empresas públicas que se acogieron al esquema representa aproximadamente el 8% de las obligaciones de energía firme del sistema en el periodo 2025-2026, con una participación que se proyecta decreciente en el tiempo.
Castañeda también se refirió al carácter supuestamente voluntario de la medida y a la falta de acogida inicial por parte del sector privado: "Claramente todas las empresas del sistema dijeron en su momento yo no me acojo", indicó, explicando que las condiciones económicas del nuevo esquema no resultaban consistentes con los compromisos regulatorios previamente adquiridos hasta 2027.
El experto advirtió que la reapertura del mecanismo y la adhesión de empresas públicas responde a una decisión impulsada desde el Gobierno Nacional: "Ahora le obligaron a las tres empresas públicas a que tenían que acogerse voluntariamente", señaló, al destacar que, en su análisis, el resto de agentes del mercado mantendría su posición frente a la medida en ausencia de cambios sustanciales en sus condiciones económicas o regulatorias.
Impactos estimados en costos y tarifas
El análisis regulatorio oficial también aborda los posibles impactos en costos y tarifas para los usuarios finales. La CREG reconoce que la adopción del precio de escasez inferior implica un ajuste en la prima del cargo por confiabilidad, lo que puede incrementar el costo equivalente real de la energía.
Sin embargo, las estimaciones oficiales sugieren que el impacto sería relativamente acotado. En un escenario en el que varias plantas adicionales se acojan al esquema, el incremento podría ser inferior al 1% del costo promedio de los contratos de energía.
El documento regulatorio señala específicamente que el efecto sobre el costo unitario dependerá del porcentaje de plantas que finalmente adopten la medida y que, en un escenario de adopción parcial, el impacto sería cercano a 0,5 pesos por kilovatio hora.
Preocupaciones del sector durante consulta pública
Durante el proceso de consulta pública previo a la implementación de la medida, varios agentes del sector energético expresaron preocupaciones significativas sobre el aumento potencial del costo de generación y la estabilidad regulatoria del sistema.
Algunos comentarios técnicos advirtieron específicamente que el nuevo esquema podría incrementar el costo equivalente real de la energía y afectar contratos vigentes, mientras otros participantes señalaron la necesidad de mayor claridad técnica en los supuestos utilizados para los cálculos regulatorios.
También se plantearon dudas fundamentales sobre la conveniencia de modificar las reglas del juego en un contexto de subastas de expansión energética y sobre los efectos potenciales en la señal económica que transmite el mercado a los inversionistas del sector.
A pesar de estas observaciones técnicas y preocupaciones expresadas por diversos actores, la Comisión de Regulación de Energía y Gas mantuvo la propuesta de habilitar una nueva ventana de adhesión voluntaria, argumentando que la medida no modifica de fondo la regulación existente y busca principalmente facilitar su implementación práctica en el sistema eléctrico nacional.
