Generadoras públicas adoptan nueva tarifa eléctrica mientras expertos cuestionan su impacto real
El Gobierno nacional consiguió que tres empresas generadoras públicas se adhirieran a la nueva metodología tarifaria del sector eléctrico, en una decisión que busca reducir la especulación en el mercado de energía y eventualmente disminuir los costos para los usuarios finales. Sin embargo, el alcance real de la medida y sus efectos sobre las tarifas y la operación del sistema continúan siendo objeto de intenso debate técnico, especialmente por los cambios en el denominado precio de escasez y su impacto en el comportamiento de los generadores.
Adhesión de empresas públicas y objetivos gubernamentales
En una reunión presidida por el mandatario Gustavo Petro, las empresas Gecelca, Gensa y Urrá formalizaron su adhesión a la nueva metodología tarifaria, en un contexto donde el Gobierno avanza en reformas regulatorias, transición energética y evaluación de riesgos externos que afectan los precios de la energía. El encuentro contó con la participación del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda y directivos de empresas del sector.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que "la decisión de Gecelca, Gensa y Urrá de acogerse a la nueva metodología tarifaria marca un punto de inflexión en el mercado eléctrico colombiano. Estamos avanzando hacia un sistema más justo, donde el precio de la energía refleje condiciones reales y no dinámicas especulativas". El Gobierno sostiene que el ajuste regulatorio permitirá reducir los costos que enfrentan los usuarios, al intervenir uno de los componentes clave del mercado: el precio de escasez, que funciona como techo en momentos de alta demanda o baja oferta.
Cambios regulatorios y funcionamiento del precio de escasez
El eje de la discusión técnica gira en torno al precio de escasez dentro del mecanismo del cargo por confiabilidad. Este precio define el momento en que las empresas deben entregar energía firme al sistema y establece el valor máximo que pagan los usuarios en situaciones críticas. Según el documento de la CREG, el precio de escasez cumple tres funciones fundamentales:
- Activa las obligaciones de energía firme
- Fija el techo del precio en bolsa
- Determina la remuneración de la energía en condiciones críticas
La nueva regulación introduce un esquema con dos niveles: un precio de escasez superior y uno inferior. Este último aplica a plantas con costos variables bajos, como las que operan con recursos renovables o carbón, y busca limitar el precio en bolsa en momentos de alta volatilidad. El documento regulatorio señala que "la introducción del precio de escasez inferior busca retomar la función del precio de escasez como un techo de segundo nivel en la bolsa de energía".
Debate técnico sobre impactos y riesgos operativos
Pese a los objetivos del Gobierno, expertos del sector han planteado cuestionamientos sobre la efectividad de la medida para reducir tarifas y sus posibles efectos operativos. Alejandro Lucio, director ejecutivo de Óptima Consultores, explicó que el cambio busca reducir el precio máximo que pagan los usuarios en condiciones de escasez, pero su impacto en la factura es limitado. "Los usuarios pagan muy poco el componente de bolsa de energía en sus facturas, del orden del 10% al 15%. Entonces, que eso vaya a bajar el precio que pagamos los usuarios, pues no", señaló.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió sobre implicaciones operativas del nuevo esquema, especialmente en contextos de sequía. Explicó que el precio de escasez determina cuándo se activa la obligación de generar energía firme y que un valor más bajo puede anticipar esa activación. "El problema es cuando comienza a secarse el país (...) en ese momento cuando los precios de bolsa comienzan a subir estas empresas se les va a activar la entrega de esa energía firme primero", afirmó.
Efectos en tarifas, contratos y participación del mercado
El análisis regulatorio también aborda los posibles impactos en costos y tarifas. La CREG reconoce que la adopción del precio de escasez inferior implica un ajuste en la prima del cargo por confiabilidad, lo que puede incrementar el costo equivalente real de la energía. Sin embargo, estima que el impacto sería acotado. En un escenario en el que varias plantas se acojan al esquema, el incremento podría ser inferior al 1% del costo promedio de los contratos de energía.
Durante el proceso de consulta pública, varios agentes del sector expresaron preocupaciones sobre el aumento del costo de generación y la estabilidad regulatoria. Algunos comentarios advirtieron que el esquema podría incrementar el costo equivalente real de la energía (CERE) y afectar contratos vigentes, mientras otros señalaron la necesidad de mayor claridad técnica en los supuestos utilizados para el cálculo.
En el plano operativo, la participación de las empresas públicas que se acogieron al esquema representa cerca del 8% de las obligaciones de energía firme del sistema en el periodo 2025-2026, con una participación decreciente en el tiempo. La Comisión mantuvo la propuesta de habilitar una nueva ventana de adhesión voluntaria, argumentando que la medida no modifica de fondo la regulación existente y busca facilitar su implementación.
