Gobierno Nacional establece sobretasa energética para atender emergencia invernal
En medio de la emergencia económica decretada recientemente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado una medida que afectará directamente al sector energético colombiano. Se trata de una sobretasa del 2 por ciento aplicada a las ventas brutas de energía, destinada específicamente a financiar la atención de los damnificados por la ola invernal que azota varios departamentos del país.
Impacto directo en 51 plantas generadoras
Esta nueva carga tributaria recaerá sobre un total de 51 plantas de generación eléctrica distribuidas en seis departamentos: Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. El desglose incluye 35 hidroeléctricas y 16 termoeléctricas que operan actualmente en estas regiones.
En la práctica, esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales obligatorias que ya pagan estas plantas, elevando la carga total para las hidroeléctricas al 8 por ciento y para las térmicas al 6 por ciento. La medida tendrá una vigencia de seis meses, y los recursos recaudados serán administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Empresas más afectadas y distribución geográfica
Entre las empresas más impactadas se encuentra EPM, que deberá asumir este gravamen adicional en al menos 16 de sus centrales hidroeléctricas ubicadas en Antioquia. Entre estas destacan proyectos de gran envergadura como Hidroituango, Guatapé, Playas, Porce II y Porce III.
Otras compañías significativamente afectadas incluyen:
- Isagén: opera 10 plantas en Antioquia, incluyendo Jaguas, San Carlos y San Miguel
- Celsia: posee tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH): San Andrés de Cuerquia, Hidromontañitas y Río Piedras
- Empresas estatales: plantas de Gecelca y Termoguajira
- Celsia: también es propietaria de la termoeléctrica Tesorito en Córdoba
Preocupación gremial y advertencias sobre riesgos financieros
La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación y rechazo ante esta medida: "Recibimos esta medida con preocupación y rechazo. No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos".
Los gremios del sector advierten que, al aplicarse sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, este nuevo gravamen podría afectar severamente el flujo de caja de las empresas, poniendo en riesgo su operación continua y solidez financiera a mediano plazo.
Medidas adicionales bajo estado de emergencia
Bajo el mismo estado de emergencia económica, el Gobierno Nacional también estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para empresas del sector extractivo, que incluye petroleras, carboneras y mineras. Para el sector eléctrico, aunque la tarifa será menor (0,5 por ciento), la medida ha generado igualmente preocupación.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, criticó esta política: "Están volviendo a cargar a las mismas empresas de siempre. Están poniendo tasas adicionales a sectores como el petrolero y el minero, que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos".
Impacto financiero estimado y posibles consecuencias
Según estimaciones gremiales, las hidroeléctricas y térmicas pagarán aproximadamente 260.000 millones de pesos por el impuesto al patrimonio, mientras que por la sobretasa del 2 por ciento asumirán unos 70.000 millones de pesos adicionales. En total, estos 330.000 millones de pesos representarían mayores costos operativos que, eventualmente, podrían terminar siendo trasladados a los usuarios finales a través de incrementos en las tarifas de energía eléctrica.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), señaló: "El sector de hidrocarburos opera bajo ciclos de inversión de largo plazo. Gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir. El país necesita equilibrio: recaudo hoy, pero inversión y crecimiento mañana".
Debate sobre la necesidad y alternativas
Alejandro Castañeda cuestionó la necesidad de estos nuevos impuestos, señalando que la Contraloría había informado que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta con un presupuesto de 2,6 billones de pesos sin ejecutar. Además, algunos gobernadores han planteado la posibilidad de utilizar recursos de regalías para atender la emergencia invernal.
Los líderes gremiales consideran importante que la Corte Constitucional revise si todos los recursos que se pretenden recaudar con estos nuevos impuestos son realmente necesarios para atender los efectos de la emergencia climática, especialmente cuando existen alternativas de financiamiento ya disponibles.
