Gobierno propone nueva regulación para facturación y cobros en servicios de energía y gas
Nueva regulación para facturación de energía y gas en Colombia

Gobierno Nacional impulsa modernización de normas para servicios de energía y gas

El Gobierno colombiano avanza con una iniciativa significativa para transformar las reglas que rigen la relación entre los usuarios y las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y gas combustible. Esta propuesta, presentada formalmente ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), busca sustituir el actual régimen establecido en la Resolución 108 de 1997, una normativa que ha permanecido vigente durante casi tres décadas sin modificaciones sustanciales.

Modernización del régimen de protección al usuario

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido la entidad impulsora de este proyecto, con el objetivo declarado de fortalecer las garantías para los consumidores y adaptar la regulación a los cambios experimentados por el sector energético en los últimos años. La iniciativa responde directamente al incremento notable de reclamaciones registradas, donde según datos del Sistema Único de Información (SUI), durante 2025 se reportaron 296.720 reclamaciones relacionadas con estos servicios, distribuidas en un 70% para gas natural y 30% para energía eléctrica.

Cambios clave en facturación y procedimientos de cobro

Uno de los ejes centrales de la propuesta se concentra en las reglas asociadas a la facturación y los cobros, aspectos que históricamente han generado numerosas quejas por parte de los usuarios. El documento presentado plantea introducir mayor claridad en varios procesos fundamentales:

  • Determinación de consumos: Establecer criterios más transparentes para el cálculo del consumo energético.
  • Recuperación de valores facturados: Definir procedimientos claros para la recuperación de montos en disputa.
  • Gestión de medidores: Regular de manera más precisa el manejo y verificación de estos dispositivos.
  • Visitas técnicas e inspecciones: Exigir a las empresas procedimientos más transparentes durante las visitas a hogares y establecimientos.

Mayor transparencia en las facturas y nuevos mecanismos de protección

La propuesta busca garantizar que los usuarios cuenten con información detallada y comprensible sobre los cargos que aparecen en sus recibos. Esto implicaría separar claramente los conceptos incluidos en las facturas y evitar la incorporación de valores que no correspondan directamente al servicio público prestado.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la introducción de la factura provisional, un mecanismo diseñado para permitir a los usuarios pagar únicamente los montos que no estén en disputa mientras se resuelve una reclamación administrativa. Este sistema pretende evitar que las personas deban cancelar valores que aún están siendo objeto de revisión.

Refuerzo de garantías procesales y procedimientos de suspensión

La iniciativa también incorpora modificaciones sustanciales en los procedimientos aplicables cuando existen disputas entre usuarios y empresas. Se plantea reforzar las garantías relacionadas con el debido proceso en las reclamaciones, estableciendo protocolos que permitan a los consumidores ejercer plenamente su derecho a la defensa y a la contradicción frente a decisiones adoptadas por las compañías del sector.

En cuanto a los procedimientos de suspensión y reconexión del servicio, el documento propone que las empresas deban cumplir con reglas más claras antes de realizar cortes en el suministro, garantizando notificaciones previas a los usuarios. Asimismo, se busca revisar los costos asociados a estos procesos con el objetivo de evitar cobros desproporcionados para los hogares colombianos.

Proceso de consulta pública en marcha

El proyecto de resolución se encuentra actualmente en etapa de consulta pública, un proceso abierto hasta el 20 de marzo de 2026 en el que pueden participar ciudadanos, empresas y diversos actores del sector energético. Esta fase permitirá recoger comentarios y observaciones antes de la posible implementación de la nueva regulación, marcando un hito en la modernización del marco normativo que rige estos servicios públicos esenciales para millones de colombianos.