La situación de Air-e, la empresa de energía que opera en la costa norte de Colombia, se ha vuelto crítica. Tras acumular pérdidas crecientes y una intervención cuestionada por los gremios, el presidente Gustavo Petro ha propuesto liquidar la compañía e integrar sus activos con otra empresa para crear una nueva entidad pública. Sin embargo, esta decisión genera preocupación entre los acreedores, a quienes Air-e les adeuda cerca de $2,5 billones.
Acreedores principales y riesgo de impago
Las empresas generadoras de energía son las principales acreedoras, con un 68% de la deuda total, equivalente a $1,7 billones. Entre las más afectadas se encuentran Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores, todas del sector termoeléctrico. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), calificó la propuesta de liquidación como "ilegal e irresponsable", ya que implicaría dejar sin servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Castañeda explicó que si se emite una resolución de liquidación, Air-e no podría seguir prestando servicio, dejando a tres departamentos sin proveedor de energía. Además, señaló que transferir los activos a una nueva empresa sin saldar las deudas constituye un "desfalco a los acreedores" y una evasión de las obligaciones financieras.
Propuestas de los gremios del sector eléctrico
Los gremios han planteado soluciones de corto y largo plazo para evitar la crisis. En el corto plazo, proponen un acuerdo de pago creíble que no requiera recursos del Presupuesto General de la Nación de inmediato, sino un plan de pagos gradual. En el largo plazo, sugieren considerar las condiciones especiales de la región Caribe, como los altos índices de pobreza y las conexiones ilegales, para diseñar un modelo que garantice un servicio de calidad y reconozca la capacidad de pago de los estratos más bajos.
Preocupación de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación también ha manifestado su inquietud por la falta de resultados estructurales que aseguren la viabilidad de Air-e. El ente de control requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, explicar los avances operacionales y financieros. Además, señaló que no existen estados financieros plenamente verificados ni informes de auditoría publicados, y preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo.
