Suspensión de contratos de gas de Canacol Energy sería en menos de un mes
Suspensión de contratos de gas de Canacol sería en menos de un mes

Primicia: Suspensión de contratos de gas de Canacol Energy quedaría en menos de un mes, con efectos inmediatos

La empresa Canacol Energy podría suspender contratos de suministro de gas en Colombia en menos de un mes, si prosperan decisiones judiciales en Canadá y Colombia que actualmente se encuentran en trámite, según información conocida por fuentes cercanas al sector energético.

Calendario condicionado a decisiones judiciales

El elemento central del proceso es el calendario que definiría la eventual suspensión de los contratos. De acuerdo con las fuentes, la expectativa es que las decisiones clave se produzcan en cuestión de días o semanas, lo que abre la posibilidad de que la medida entre en vigor hacia finales de mayo. “La medida sería a partir del 28 de mayo”, indicaron las fuentes consultadas al referirse a la fecha estimada en la que comenzaría la suspensión, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas.

El proceso inicia con la decisión de la Corte de Alberta, instancia ante la cual la compañía solicitó autorización para suspender los contratos. Según las fuentes, este pronunciamiento podría darse “en la próxima semana o la que viene”, lo que marcaría el primer paso del cronograma. Posteriormente, el caso sería remitido a la Superintendencia de Sociedades, entidad que deberá evaluar si avala o no la decisión adoptada por la corte canadiense. Este segundo filtro es determinante para que la medida tenga efectos en el país. Canacol Energy espera entonces que entre el 28 de mayo y la culminación del mes, la decisión favorable empiece en firme.

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Trámite en dos jurisdicciones

El procedimiento involucra dos niveles de decisión que condicionan los tiempos. En primer lugar, la Corte de Alberta debe resolver la solicitud presentada por la compañía. Luego, la autoridad colombiana tendrá la facultad de aceptar o rechazar el alcance de esa decisión dentro del territorio nacional. “La Corte de Alberta tiene que resolver eso en la próxima, esta semana o la que viene. Le envía eso a la Superintendencia de Sociedades y lo que espera Canacol es que la Superintendencia de Sociedades haga el aval de lo que dice la Corte de Alberta”, explicaron las fuentes.

Este esquema implica que, aunque no existe una fecha oficial definitiva, el proceso se encuentra en una fase avanzada en términos de tiempos. La expectativa del mercado se ha concentrado en el cierre de mayo como punto de referencia para un eventual cambio en los contratos. “La intención es que en caso de que todo se acepte y suspender los contratos a partir de finales de mayo”, afirmaron.

Impacto en contratos vigentes

La eventual suspensión afectaría múltiples contratos de suministro de gas que actualmente tiene la compañía con clientes en Colombia. En total, la medida solicitada contempla la interrupción de 19 contratos, lo que impactaría a 12 empresas en distintos sectores económicos. Entre las compañías que podrían verse afectadas se encuentran Cerro Matoso, Surtigás, Enel Colombia, Gases del Caribe y Gases de La Guajira. En particular, el caso de Cerro Matoso ha sido señalado por su dependencia del suministro de gas de la compañía. Según reportes conocidos en el sector, el 80% del gas que usa la empresa es de Canacol, lo que la ubica entre las más expuestas ante una eventual suspensión.

La Supersociedades no sabe...

Vale recordar que en días pasados, la Superintendencia de Sociedades señaló que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal dentro del proceso concursal en el país relacionada con la eventual suspensión de contratos de gas por parte de Canacol. La entidad indicó que, en caso de presentarse una petición en ese sentido, será evaluada conforme a la Ley 1116 de 2006, teniendo en cuenta el orden público económico, la protección de los acreedores y el interés general. Además, advirtió que cualquier decisión adoptada por la autoridad judicial canadiense deberá ser incorporada al expediente en Colombia y someterse a un proceso de reconocimiento antes de producir efectos jurídicos en el país.

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