Transportadoras de gas se defienden ante orden de devolución de $150.000 millones
El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ha emitido una orden que obliga a la devolución de más de 150.000 millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en todo el país. Esta decisión se basa en la presunción de que las empresas transportadoras habrían trasladado sobrecostos indebidos relacionados con la tasa de descuento aplicada al transporte del combustible.
Firme rechazo de las empresas transportadoras
Ante esta medida gubernamental, las principales compañías del sector -Promigas, TGI (filial del Grupo Energía Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente- han emitido un comunicado conjunto donde rechazan categóricamente las acusaciones. Las empresas aseguran que no han realizado cobros indebidos y que han aplicado de manera rigurosa y estricta toda la regulación expedida por la Creg.
"Las compañías transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones", manifestaron las empresas en su declaración oficial.
Fundamento en laudo arbitral y marco regulatorio
Las transportadoras argumentan su posición basándose en un laudo arbitral del 11 de febrero de 2026 que resolvió diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable. Según las empresas, este fallo concluyó que Transmetano ha obrado conforme a la regulación vigente y ha aplicado la tasa correcta en sus operaciones.
Además, las compañías destacan que han seguido meticulosamente la metodología tarifaria establecida por la Creg, incluyendo la aplicación de la tasa de descuento vigente en cada momento. Este punto es fundamental para su defensa, ya que sostienen que cualquier ajuste tarifario ha respondido estrictamente a los parámetros regulatorios autorizados.
Análisis técnico y posibles acciones legales
Las empresas transportadoras han anunciado que, una vez reciban oficialmente los actos administrativos correspondientes, procederán a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que el caso requiere. De encontrar inconsistencias o considerarlo necesario, no descartan acudir a las instancias judiciales correspondientes para defender su posición.
"Reiteramos nuestro compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, con el respeto a la Constitución, la ley, la transparencia, y la observancia de las decisiones judiciales y del marco normativo y regulatorio vigente", afirmaron las compañías en su comunicado.
Impacto en el sector energético nacional
Este conflicto entre el gobierno y las transportadoras de gas natural ocurre en un momento delicado para el sector energético colombiano. La disputa sobre los mecanismos tarifarios y la posible devolución de recursos representa un desafío significativo para la estabilidad regulatoria del mercado de gas.
Las empresas insisten en que el cumplimiento estricto del marco regulatorio es esencial para garantizar la prestación eficiente del servicio público de gas natural a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, los usuarios esperan una resolución definitiva que clarifique si efectivamente hubo cobros indebidos y si proceden las devoluciones ordenadas por el Ministerio de Minas y Energía.
