Chile enfrenta nueva alerta por deterioro fiscal que supera proyecciones
Tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), diversos analistas económicos han expresado su preocupación ante un escenario fiscal más deteriorado de lo anticipado. Las cifras oficiales revelaron que el déficit fiscal efectivo alcanzó un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el 2,2% proyectado en el reporte anterior.
Magnitud del desvío sorprende a expertos
El economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado, señaló que "el informe presenta un escenario fiscal más deteriorado respecto de lo estimado previamente". Por su parte, el déficit estructural saltó a un 3,6%, marcando su punto más alto si se excluye el período pandémico.
Marcela Calisto, economista de BICE Inversiones, complementó indicando que las cifras sugieren un deterioro fiscal "más persistente". Según su análisis, "el problema no es sólo el ciclo, sino que también proviene de una estimación de ingresos que ha venido fallando".
Entre los factores identificados se encuentran:
- Una recaudación tributaria no minera inusualmente baja
- Revisiones relevantes asociadas al ajuste cíclico del cobre
- Un ajuste del gasto insuficiente frente al escenario de ingresos observado
Críticas a la gestión fiscal reciente
Juanita Claro, analista de estudios de Econsult, afirmó que el IFP "refleja una trayectoria de irresponsabilidad en los últimos años", destacando que se consolidó un gasto permanente muy por encima de los ingresos estructurales y se financiaron desequilibrios utilizando ahorros fiscales.
Nicolás García, economista senior de Coopeuch, añadió que "el incumplimiento de la meta en 2025 no es sorpresa, aunque sí lo es la magnitud del desvío, que fue mayor a lo que proyectábamos". García advirtió que esta dinámica genera un perjuicio a la credibilidad de la política fiscal.
Recorte de US$6.000 millones se vuelve imperativo
Frente a este escenario fiscal estrecho, la promesa de campaña del Presidente electo José Antonio Kast de realizar un recorte de US$6.000 millones del gasto público en 18 meses adquiere nueva urgencia. El mercado financiero ahora visualiza esta medida como necesaria, especialmente considerando que el IFP estima un déficit fiscal estructural de 2,7% del PIB para 2026.
Claro explicó que "el déficit estructural hoy bordea los US$13.000 millones. Un recorte de US$6.000 millones lo reduciría aproximadamente a la mitad, llevándolo desde 3,6% del PIB a cerca de 1,9%". Aunque calificó este ajuste como relevante, aclaró que no implica alcanzar el equilibrio fiscal, sino más bien retornar a niveles similares a los registrados previo a la pandemia.
Desafíos y consideraciones para la implementación
Los expertos coinciden en que cualquier ajuste de esta magnitud debe implementarse con cuidado:
- Marco creíble: Calisto destacó la necesidad de que el recorte venga acompañado de "un marco creíble de convergencia del balance estructural en varios años".
- Impacto económico: Moncado advirtió que el ajuste podría generar "un menor dinamismo en la actividad", requiriendo compensación mediante mayor consumo privado o inversión.
- Implementación gradual: García aseguró que sería "deseable" hacerlo de manera gradual, ya que "el costo en términos de actividad de hacerlo en un período de tiempo acotado podría ser significativo".
No obstante, Calisto también señaló posibles beneficios: "Un ajuste bien diseñado puede tener beneficios, tal como una reducción de la incertidumbre y contención de las primas por riesgo y la trayectoria de deuda".
El consenso entre los analistas indica que, con el mayor desvío del déficit estructural revelado por el IFP, el recorte propuesto posiblemente se aproxime a la reducción requerida sólo para 2026, necesitándose ajustes adicionales durante la próxima administración para cumplir con los objetivos de convergencia fiscal.
