Colombia recibe la peor calificación crediticia en más de dos décadas
La agencia calificadora S&P Global Ratings ha rebajado la calificación soberana de Colombia a BB-, el nivel más bajo en los últimos 23 años, situando al país a solo un escalón del grado considerado altamente especulativo. Esta decisión refleja la profunda preocupación por los persistentes desequilibrios fiscales que enfrenta la nación bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El cóctel de problemas que preocupa a los analistas
La calificadora internacional señaló múltiples factores que justifican su decisión: un elevado gasto público primario, el continuo aumento de la deuda, un crecimiento per cápita moderado, una recaudación de ingresos inferior a lo esperado y tasas de interés elevadas. Particularmente preocupante resulta el impacto del aumento del 23% en el salario mínimo, que según los expertos está generando presiones inflacionarias significativas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha catalogado esta situación como "cada vez más preocupante" para las finanzas públicas, solicitando medidas de ajuste "urgentes". Juan Carlos Ramírez, director del organismo, advirtió que "se requeriría un recorte de alrededor de 30 billones de pesos para mejorar este año".
La deuda pública se dispara y los costos aumentan
El saldo de la deuda pública cerró en diciembre de 2025 en 1.194 billones de pesos, lo que representa un incremento del 48% desde agosto de 2022, cuando comenzó la actual administración. Lo más alarmante es que casi una tercera parte de los ingresos tributarios nacionales se destinan actualmente al pago de intereses, limitando severamente la capacidad de inversión en áreas críticas como salud, educación e infraestructura.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, explicó la situación con una analogía contundente: "Es como cuando a una persona le bajan su puntaje crediticio: le prestan más caro, con más condiciones y con menos confianza. Eso mismo le pasa al país".
Impacto transversal en la economía colombiana
La degradación crediticia tendrá consecuencias en múltiples frentes:
- Mayores costos de financiamiento para el Estado, las empresas y los hogares
- Reducción de la competitividad internacional de Colombia frente a otros destinos de inversión
- Aplazamiento o cancelación de proyectos en sectores intensivos en capital como energía e infraestructura
- Menor inversión productiva, lo que afecta el crecimiento económico y el empleo
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgén, destacó que "afecta transversalmente a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología, y también a los consumidores, porque todos dependen de financiamiento y confianza".
Perspectivas económicas sombrías
El Banco Mundial ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para Colombia, anticipando ahora un aumento del PIB del 2,2% en 2026 (frente al 2,6% previsto anteriormente) y del 2,4% en 2027 (en lugar del 2,8%). Lo más preocupante es que, mientras la mayoría de las economías latinoamericanas controlarán su inflación en los próximos años, Colombia será la excepción principal, manteniéndose persistentemente por encima de la meta del banco central.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó esta tendencia al revelar que la inflación de marzo se aceleró hasta el 5,56% anual, el nivel más alto desde septiembre de 2024. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señaló que "el aumento del mínimo sigue presionando y se suman alimentos y regulados".
Respuesta del Banco de la República y nueva reforma tributaria
Ante las presiones inflacionarias, la junta directiva del Banco de la República elevó la tasa de interés de política monetaria en 200 puntos básicos durante sus últimas dos reuniones, situándola en el 11,25%. Esta decisión busca contrarrestar el aumento de las expectativas inflacionarias y responder a las nuevas preocupaciones generadas por el conflicto en el golfo Pérsico, que ya afecta los precios de combustibles y fertilizantes.
En el ámbito fiscal, la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica de diciembre del Gobierno, que buscaba recaudar 11 billones de pesos. Sin embargo, el presidente Petro anunció que radicará una nueva reforma tributaria argumentando que el Presupuesto de 2026 sigue "desequilibrado", advirtiendo que si el Congreso no la respalda, recurrirá nuevamente a una declaratoria de emergencia.
Los expertos advierten que el uso constante de estados de excepción es económicamente deficiente, ya que eleva las primas de riesgo soberano y deprime la inversión y la actividad económica. La alternativa, según los analistas, debería pasar por una reducción sustancial del gasto público, algo que hasta ahora no se ha materializado en medidas concretas.
