Contraloría General advierte sobre grave deterioro fiscal en Colombia
El próximo gobierno colombiano se encontrará con una situación económica extremadamente compleja y deberá implementar un plan de recuperación inmediato para evitar una crisis fiscal y social de grandes proporciones. Esta advertencia fue emitida por la Contraloría General de la República durante el foro 'Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional', que reunió a destacados economistas del país.
La alarmante situación de la deuda pública
Según el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, el servicio de la deuda pública alcanzó en 2025 la escalofriante cifra de 105 billones de pesos, lo que representa aproximadamente el 23% del gasto público total. Esta proporción muestra un aumento preocupante de cinco puntos porcentuales en comparación con el 18% registrado en 2021, lo que está reduciendo significativamente el espacio fiscal disponible para inversiones estratégicas.
"Nuestro deber es asegurar que cada peso del presupuesto público se ejecute con transparencia y orientación al resultado", afirmó Rodríguez durante su intervención. "Por eso hacemos un llamado firme a fortalecer la articulación entre las autoridades económicas del país. La coordinación entre política fiscal y política monetaria es fundamental para enfrentar los desafíos actuales".
Pasivos acumulados que afectan a los colombianos
La Contraloría detalló una serie de obligaciones financieras pendientes que están impactando directamente la vida de los ciudadanos:
- Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por 32,98 billones de pesos a corte de 2024
- Los subsidios eléctricos pendientes de pago ascienden a aproximadamente 3,8 billones de pesos
- El Estado mantiene 17 billones de pesos pendientes por concepto de condenas judiciales
- Las indemnizaciones pendientes a víctimas del conflicto requieren 133 billones de pesos adicionales
"Enfrentar con rigor la realidad fiscal, depurar cuentas, reconocer los pasivos acumulados y establecer un plan serio y transparente de pago de deudas", señaló el contralor Rodríguez. "Las deudas del Estado no son opcionales: afectan la credibilidad institucional, la liquidez de sectores claves y la estabilidad económica".
Recomendaciones urgentes para el próximo gobierno
El contralor general presentó una serie de medidas prioritarias que deberá implementar quien asuma la presidencia:
- Garantizar el acceso a servicios básicos: Se requiere el pago inmediato de cerca de 10 billones de pesos en deudas del sector eléctrico para evitar suspensiones de servicio, especialmente ante la proximidad del Fenómeno del Niño en septiembre.
- Implementar un plan contundente de ingresos: Ampliar la base tributaria, combatir frontalmente la evasión, modernizar la administración fiscal y garantizar reglas claras que promuevan la inversión.
- Cerrar las brechas de ejecución presupuestal: La ineficiencia entre lo aprobado, comprometido y efectivamente pagado retrasa obras y políticas públicas, afectando el crecimiento económico y el bienestar social.
- Fortalecer la coordinación institucional: Es urgente mejorar la articulación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda para asegurar coherencia macroeconómica.
Problemas identificados en la gestión actual
La Contraloría también señaló deficiencias específicas en la administración del gobierno Petro, incluyendo inconsistencias en la información de campo de zonas inundables, medidas inadecuadas para responder a emergencias, desbalances en acciones propuestas, errores aritméticos y metodológicos, así como duplicidades y sobreestimación de recursos.
Rodríguez, quien dejará el cargo en agosto próximo, enfatizó que "el primer acto de gobierno del nuevo presidente o presidenta no debe ser anunciar nuevas promesas, sino presentar un plan de recuperación económica que el país necesita". Para el alto funcionario, "la estabilidad macroeconómica no se construye solo con cifras, sino con confianza. Y la confianza se sustenta en reglas claras, decisiones responsables e instituciones que actúan con rigor técnico".
La advertencia de la Contraloría llega en un momento crucial para Colombia, marcando la urgencia de acciones concretas y coordinadas para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas y sus consecuencias sociales.
