Procuraduría toma control de investigación por escándalo en cárcel de Itagüí
Las autoridades disciplinarias han iniciado acciones contundentes tras el polémico evento que conmocionó al sistema penitenciario colombiano. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ha asumido formalmente la investigación disciplinaria en contra de once funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes presuntamente facilitaron el acceso no autorizado del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez al interior del establecimiento carcelario.
Los detalles del controvertido evento
El miércoles 8 de abril de 2026, se desarrolló una insólita parranda vallenata dentro del pabellón 1 de la cárcel de alta y media seguridad La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí. Según las evidencias recopiladas, el artista musical interpretó varios de sus éxitos ante un grupo de reclusos considerados de alto calibre, quienes consumieron bebidas alcohólicas como whisky y tequila, sustancias expresamente prohibidas dentro de las instalaciones penitenciarias.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran claramente cómo Velásquez y un grupo de personas aún no identificadas ingresaron al recinto penitenciario utilizando vehículos particulares y accedieron por las puertas principales sin la debida autorización. Este hecho ha generado una amplia repercusión mediática y ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales y medios de comunicación nacionales.
Acciones disciplinarias y trasferencia de competencias
Mediante un oficio de cuatro páginas fechado el 13 de abril, el procurador regional Alejandro Henao Barrera formalizó la asunción de la investigación por parte de la Procuraduría. La entidad realizó una inspección técnica el 9 de abril, apenas un día después del incidente, en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Regional Noroeste del Inpec.
La Procuraduría fundamentó su decisión en el "impacto social y la connotación especial ante la opinión pública con alcance nacional" que ha generado el caso. Esta determinación se ajusta a los parámetros establecidos en la Resolución 456 del 14 de septiembre de 2017, que faculta a la Procuraduría para asumir investigaciones disciplinarias cuando los hechos adquieren relevancia nacional.
Los once funcionarios investigados son: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, quien para la fecha del incidente se desempeñaba como director encargado del establecimiento carcelario.
Repercusiones políticas y medidas adicionales
El escándalo ha tenido consecuencias inmediatas en el ámbito político y administrativo. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión temporal de la mesa de diálogos sociojurídicos que se venía desarrollando en esa cárcel con varios capos del Valle de Aburrá.
Posteriormente, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los responsables de este incidente dentro del sistema penitenciario. Actualmente, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Inpec se encuentran en el proceso de individualización de los implicados para su reubicación en otro centro carcelario, siendo la cárcel La Picota de Bogotá una de las opciones consideradas.
El procurador general Gregorio Eljach confirmó que su entidad ha iniciado una indagación formal para establecer responsabilidades disciplinarias, las cuales podrían derivar en sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer funciones públicas. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continúa con su propia investigación para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con este caso.
