Gobierno nacional impulsa decreto para desahorrar $2,9 billones del FAE
El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del ministro Germán Ávila, está construyendo un proyecto de decreto que plantea un desahorro de $2,9 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR). Esta medida busca inyectar liquidez al presupuesto del bienio 2025-2026, en un contexto donde el Gobierno nacional busca recursos para solucionar las cuentas públicas en el remate de la actual administración.
¿Qué es el FAE y cómo opera?
El FAE es un pilar fundamental del SGR, diseñado como un amortiguador macroeómico para las finanzas territoriales. Administrado por el Banco de la República, su función principal es ahorrar durante períodos de bonanza en los precios internacionales de materias primas como el petróleo y el carbón, para garantizar inversión en épocas de escasez. La ley permite el desahorro en dos escenarios clave:
- Cuando los ingresos corrientes anuales del SGR disminuyen un 20% o más frente al año anterior.
- En caso de caídas anuales sucesivas que acumulen una contracción de al menos el 20% respecto al año previo al inicio del declive.
Argumento del Gobierno para el desahorro
Según documentos oficiales, el Gobierno justifica esta medida basándose en una caída progresiva del recaudo corriente. En 2025, el recaudo del SGR presentó una disminución nominal del 10% frente a 2024 y una caída acumulada del 39,9% respecto a 2023. Esto, según el borrador de decreto, habilita el desahorro de recursos para priorizar proyectos de inversión en entidades afectadas por la situación climática actual, como inundaciones en parte del territorio nacional.
Controversias en las asignaciones
Sin embargo, al revisar las asignaciones detalladas en el articulado, se identifican recursos destinados a regiones que no se verían afectadas directamente por las inundaciones. Por ejemplo, departamentos como La Guajira y Meta, que según autoridades no están golpeados por la calamidad climática, recibirían $100.964 millones y $185.831 millones, respectivamente, en partidas de asignaciones directas. El decreto no especifica el destino concreto de estos fondos, más allá de atender la emergencia climática, lo que genera preguntas sobre la priorización.
Riesgos financieros y cambiarios
Además, el FAE cuenta con activos en el exterior administrados por el Banco de la República para buscar mayores rentabilidades. El decreto no especifica la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) a la que fueron adquiridos estos activos. Si se obtuvieron con una TRM superior a la actual ($3.751 para el 5 de marzo de 2026), podría existir un detrimento patrimonial en las finanzas públicas, agravando la situación fiscal. Asimismo, traer $2,9 billones de activos del extranjero podría provocar consecuencias cambiarias, como un bajón del dólar en la antesala de la primera vuelta presidencial.
En resumen, esta jugada del Gobierno busca aliviar la presión fiscal, pero enfrenta críticas por la distribución de recursos y posibles impactos económicos, en un momento clave para la administración pública.
