Reunión crucial entre Gobierno y banca sobre destino del ahorro colombiano
En la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda se desarrolló este 23 de febrero un encuentro de alto nivel entre el Gobierno nacional y los principales ejecutivos del sistema financiero colombiano. La discusión central giró en torno al dinero, el riesgo y el poder de decisión sobre el ahorro de millones de ciudadanos, en el contexto de la emergencia económica decretada por la ola invernal.
Los protagonistas de la reunión
Por parte del Gobierno asistieron Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público; César Atilio Ferrari, superintendente financiero; el viceministro Leonardo Pazos y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar. Frente a ellos se sentaron los máximos representantes de la banca colombiana: Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Javier Suárez, de Davivienda; Mario Pardo, de BBVA; y Diego Fernando Prieto, del Banco Caja Social.
El telón de fondo: inversiones forzosas y emergencia invernal
El Ejecutivo busca expedir decretos de inversiones forzosas para el sector financiero con el objetivo de movilizar recursos hacia dos destinos principales:
- Departamentos afectados por las intensas lluvias de la ola invernal
- Sectores productivos que, según el presidente Gustavo Petro, no recibieron el impulso prometido en el llamado Pacto por el Crédito
Las inversiones forzosas obligarían a las entidades financieras a destinar un porcentaje específico de sus recursos administrados hacia líneas de crédito definidas por el Gobierno, con condiciones preferenciales de tasa y plazo. Es crucial destacar que estos recursos no provendrían del capital propio de los bancos, sino del ahorro que administran en nombre de millones de colombianos.
La magnitud del ahorro en juego
Jonathan Malagón, en entrevista con Blu Radio, reveló cifras contundentes: el sistema financiero colombiano gestiona aproximadamente COP 790 billones en depósitos pertenecientes a 36,5 millones de colombianos. El ejecutivo advirtió que si el 5% de esos recursos se canaliza de manera obligatoria hacia inversiones forzosas, se generarían dos efectos inmediatos:
- Reducción significativa en la disponibilidad de crédito para el resto de la economía
- Posible aumento en las tasas de interés entre medio y un punto porcentual
La disputa sobre el cumplimiento del Pacto por el Crédito
El Gobierno sostiene que el sector financiero incumplió el Pacto por el Crédito firmado en agosto de 2024, acuerdo que buscaba aumentar los desembolsos hacia cinco sectores prioritarios:
- Vivienda e infraestructura
- Manufactura y transición energética
- Agro
- Turismo
- Economía popular
La meta establecida era crecer desde una base de COP 199,7 billones hasta 254,7 billones en 18 meses, lo que representaba un incremento de 59 billones. Las cifras oficiales más recientes muestran desembolsos acumulados por COP 254,7 billones entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, equivalentes al 89,6% de la meta total.
Avances sectoriales y perspectivas divergentes
Un análisis detallado por sectores revela desempeños desiguales:
- Vivienda e infraestructura: COP 48,2 billones (118,8% de avance, superando su objetivo)
- Manufactura y transición energética: COP 135,4 billones (83,1% de la meta)
- Agro: COP 26,4 billones (86,9% de la meta)
- Turismo: COP 7,6 billones (93,1% de la meta)
- Economía popular: COP 10,4 billones (83,3% de la meta)
Asobancaria presenta una visión más optimista, afirmando que el cumplimiento real estaría más cerca del 96% o 97% si se considera la dinámica crediticia más reciente. La asociación bancaria sostiene que los sectores priorizados crecieron 20% en crédito, frente a un 10% en el resto de la cartera.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro mantiene una postura crítica, argumentando que la banca concentró su estrategia en crédito de consumo y rompió el espíritu fundamental del acuerdo.
El contexto fiscal y las alternativas de financiamiento
La discusión adquiere especial complejidad considerando el alcance del ahorro privado en un momento de evidente tensión fiscal. El Gobierno busca recaudar aproximadamente COP 8 billones para atender la emergencia invernal y ha planteado que las inversiones forzosas representan solo uno de varios instrumentos disponibles para canalizar recursos.
Entre las alternativas complementarias se encuentran las tasas compensadas a través de entidades especializadas como Finagro, Bancóldex y el Banco Agrario, mecanismos que podrían ofrecer soluciones intermedias en esta negociación de alto impacto para la economía colombiana.
