Empresas colombianas se preparan para el primer desembolso del impuesto al patrimonio
En exactamente ocho días, más de 15.000 empresas colombianas deberán realizar el primer pago del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno nacional en medio de la emergencia económica actual. Este gravamen, que ha generado intensos debates en el sector empresarial, establece que las compañías con patrimonio líquido superior a $10.474 millones cancelen el 50% del tributo el próximo 1 de abril, mientras que la segunda cuota está programada para el 4 de mayo.
Tarifas diferenciadas y expectativas de recaudo
La estructura del impuesto presenta tarifas diferenciadas según el sector económico:
- 1,6% para empresas de los sectores financiero y minero-energético
- 0,5% para el resto de actividades económicas
El Gobierno nacional proyecta un recaudo total de $8 billones mediante este mecanismo, donde la banca y el sector extractivo contribuirían con aproximadamente el 56% del total. Sin embargo, análisis independientes de Anif estiman que la recaudación real podría alcanzar solo $6,3 billones, distribuidos de la siguiente manera:
- $4,1 billones (65%) provenientes de sectores con tarifa del 1,6%
- $2,2 billones (35%) de actividades con tarifa general del 0,5%
Advertencias del sector empresarial sobre riesgos económicos
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, ha sido una de las voces más críticas frente a esta medida impositiva. La dirigente advierte que el país se encuentra a menos de diez días de enfrentar un "deterioro económico sin precedentes" debido a la carga fiscal sobre las personas jurídicas.
"Si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, miles de empresas no podrán pagar este tributo y terminarán quebrando", afirmó Gutiérrez durante una declaración reciente.
La líder gremial identificó tres impactos inmediatos de esta medida fiscal:
- Asfixia de liquidez al exigir recursos en el corto plazo, afectando la operación diaria de las empresas
- Incremento del endeudamiento costoso destinado exclusivamente al pago de obligaciones con la Dian
- Frenazo a la inversión productiva en el país
Cuestionamientos a la legalidad y efectos sectoriales
Gutiérrez también cuestionó la legalidad de implementar este gravamen bajo el estado de emergencia, argumentando que "la Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias", situación que, según su perspectiva, no se ha demostrado en este caso.
En el sector minero-energético, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), manifestó su preocupación por la tarifa diferencial del 1,6%, que triplica la tasa aplicada a otros sectores. Pearl aseguró que esta medida desincentiva la actividad de exploración y producción en una industria que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre todas las actividades económicas del país.
Preocupaciones sobre sostenibilidad empresarial
Los principales gremios del país, incluyendo Fenalco, AmCham, la ACP y Andesco, han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Estas organizaciones aseguran que el plan de recaudo afectaría significativamente la sostenibilidad de las empresas, con consecuencias particularmente graves para las 1.000 compañías más grandes del país, que podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones.
En el sector de hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente al 50% de la inversión en exploración prevista para el año 2025, según estimaciones sectoriales. Esta situación se produce en un contexto donde Colombia enfrenta una crisis de inversión significativa, con la formación bruta de capital fijo reduciéndose del 24% del PIB en 2015 a solo el 16% en 2025.
Las empresas extranjeras con presencia en Colombia también están sujetas a este gravamen cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones al 31 de marzo de este año, ampliando el alcance del impacto económico de esta medida fiscal.
