Ingresos tributarios muestran mejoría en febrero, pero desafío fiscal persiste
El mes de febrero habría representado un respiro para las cuentas del Gobierno Nacional en materia de recaudo tributario, aunque este alivio no sería suficiente para disipar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha venido emitiendo alertas reiteradas sobre este tema, señalando que el camino hacia el equilibrio fiscal se torna cada vez más complejo.
Crecimiento en recaudo y ejecución presupuestal
De acuerdo con el más reciente informe de seguimiento fiscal elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, durante febrero los ingresos tributarios del Gobierno habrían alcanzado la cifra de COP 18,8 billones. Este monto representaría un crecimiento anual del 12,8 %, lo que permitiría cumplir aproximadamente el 17,9 % de la meta de recaudo establecida para el año 2026, la cual asciende a COP 312,8 billones.
Por el lado del gasto, el mismo documento indica que en el segundo mes del año el Gobierno habría ejecutado compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) por COP 37 billones adicionales. Esta cifra implicaría una reducción del 9,1 % en comparación con el mismo período del año anterior. En el acumulado de enero y febrero, los recursos comprometidos sumarían COP 129,3 billones, equivalente al 23,6 % del PGN 2026 programado hasta la fecha.
"Con estas cifras de ejecución, se observa un sobrecumplimiento del PGN 2026 programado para lo corrido del año. Para cumplir con el monto total de COP 547 billones, el Gobierno debió haber ejecutado COP 120,9 billones en febrero", explicó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Según el análisis, las cuentas públicas presentarían actualmente un sobrecumplimiento de la meta mensual de ejecución de aproximadamente COP 8,4 billones.
Advertencias del CARF sobre el panorama fiscal
Pese a la mejora observada en los ingresos por impuestos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha subrayado que el reto fiscal de fondo permanece intacto. A principios de marzo, el organismo advirtió que encauzar las finanzas públicas hacia una senda sostenible se ha vuelto cada vez más retador, destacando que al Gobierno le faltarían COP 31,1 billones para alcanzar su meta fiscal de 2026.
El CARF consideró que lograr este objetivo luce poco probable sin la adopción de medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto de manera permanente. El comité también alertó que el deterioro de la situación fiscal en 2025 ocurrió en un contexto de sobreestimación de los ingresos y subestimación de los gastos, lo que agravó el desequilibrio estructural.
Según las estimaciones del organismo, la deuda neta del país se ubicó en 58,5 % del PIB en 2025, por debajo del 61,3 % previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. "Las operaciones de manejo de deuda de 2025 redujeron la deuda neta y el déficit fiscal total, frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, aunque su impacto principal se estima temporal", indicó el CARF en su pronunciamiento.
Necesidad urgente de reformas estructurales
El comité enfatizó que, a pesar de la reducción en los niveles de deuda, el esfuerzo fiscal requerido para estabilizarla en esos parámetros y retornar al cumplimiento de la regla fiscal ahora es mayor, debido a la ampliación del desequilibrio fiscal estructural. Las proyecciones del CARF señalan que este año los recursos faltantes para cumplir con la regla fiscal suman COP 31,1 billones, equivalentes al 1,6 % del Producto Interno Bruto nacional.
Finalmente, el organismo insistió en la necesidad imperante de que el Gobierno y el Congreso alcancen acuerdos para implementar reformas con efectos permanentes que permitan:
- Aumentar los ingresos fiscales de manera sostenible
- Reducir los gastos públicos de forma eficiente
- Fortalecer la disciplina fiscal a largo plazo
El CARF advirtió que, de no adoptarse estas medidas, la deuda pública podría retomar una tendencia creciente y comprometer seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, con consecuencias potenciales para la estabilidad económica y el bienestar social.
