Consejo Gremial exige suspensión inmediata del impuesto al Patrimonio empresarial
La presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 0173 de febrero de 2026, que establece nuevas medidas tributarias, específicamente los artículos que modifican el alcance del impuesto al Patrimonio para personas jurídicas.
Argumentos constitucionales contra la medida
Según la justificación presentada por Gutiérrez, el decreto debe suspenderse urgentemente antes del 1 de abril de 2026, fecha en que vence el primer pago del impuesto. La dirigente gremial argumenta que el gobierno impuso este tributo a las empresas "sin agotar los mecanismos ordinarios disponibles y sin cumplir los requisitos constitucionales de idoneidad, conexidad, subsidiariedad y proporcionalidad" exigidos por el artículo 215 de la Constitución.
En su petición, el Consejo Gremial señala que la medida presenta múltiples vicios de inconstitucionalidad:
- Desnaturaliza el impuesto al patrimonio
- Implica una doble tributación
- Contraviene los principios de igualdad y no confiscatoriedad
- Viola la reserva legal en materia tributaria
Impacto económico inmediato en las empresas
"Ante la inminencia del vencimiento del plazo para la declaración y el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio el 1 de abril de 2026, numerosas personas jurídicas se han visto obligadas a adoptar medidas económicas y financieras extraordinarias", explicó Gutiérrez.
Entre las medidas que las empresas están tomando para enfrentar esta obligación tributaria se encuentran:
- Financiación a través de créditos y operaciones de endeudamiento
- Reducción o aplazamiento de proyectos de inversión programados
- Disminución de costos operativos
- Recortes en contratación de personal
- Reducción en la adquisición de bienes y servicios
Crítica al crecimiento del gasto público
Natalia Gutiérrez añadió que la creación de nuevos tributos por vías excepcionales resulta especialmente preocupante cuando coincide con un crecimiento acelerado del gasto público. "El gasto de funcionamiento —incluida la nómina y la contratación—, así como el gasto primario, han venido aumentando de forma sostenida, sin que eso se traduzca en mejores resultados", señaló.
La presidenta del Consejo Gremial enfatizó que "una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas".
Detalles del impuesto al Patrimonio empresarial
El impuesto al Patrimonio afectará a las empresas con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT ($10.475 millones), con una tarifa general del 0,5%. Sin embargo, se establece una tarifa diferencial del 1,6% para ciertos sectores financiero y extractivo.
Se contemplan exclusiones específicas para:
- Empresas del sector salud
- Empresas de servicios públicos domiciliarios en zonas afectadas
Preocupación por la competitividad internacional
Según análisis de Anif, actualmente solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial. Los expertos advierten que "al gravar el nivel de capital, se encarece la acumulación de activos productivos, lo que desincentiva la expansión de las empresas".
Además, destacan que "en un contexto de relocalización de capitales y mayor competencia en términos de rentabilidad, este gravamen envía una señal negativa a inversionistas extranjeros, que podrían reducir el apetito de invertir en nuestro país por un marco tributario menos conveniente".
Cifras del recaudo potencial
De acuerdo con cálculos de Anif, el recaudo potencial estimado asciende a $6,3 billones, distribuidos de la siguiente manera:
- $4,1 billones (65%) provendrían de los sectores sujetos a la tarifa del 1,6%
- $2,2 billones (35%) corresponderían a aquellos gravados con la tarifa general del 0,5%
La líder gremial concluyó que esta medida "genera asfixia en la caja de las empresas, afecta la operación diaria, e incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la Dian, frenando la inversión".
