Gobierno propone impuesto al patrimonio de grandes empresas para financiar emergencia climática en Córdoba
El Gobierno Nacional ha presentado una propuesta para implementar un impuesto al patrimonio dirigido específicamente a grandes empresas, con el objetivo principal de generar los recursos necesarios para cubrir los gastos asociados a la emergencia climática que afecta actualmente a varias regiones del país, especialmente al departamento de Córdoba.
Detalles de la propuesta fiscal
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que esta medida se establecería en el marco de una declaratoria de emergencia económica, concentrando su aplicación exclusivamente en personas jurídicas con patrimonios líquidos que superen ciertos umbrales establecidos. La propuesta contempla un esquema progresivo que no afectaría a pequeñas y medianas empresas, según el borrador presentado por el Ejecutivo.
El mecanismo propuesto establece que las compañías con patrimonios superiores a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes aproximadamente a 10.000 millones de pesos, deberían pagar una tarifa del 0,6% sobre su patrimonio líquido. Por otro lado, los patrimonios que se encuentren entre 200.000 y 600.000 UVT, es decir, hasta alrededor de 30.000 millones de pesos, pagarían una tarifa del 1,2%.
Con estas condiciones, se estima que aproximadamente 15.000 compañías quedarían incluidas en este nuevo régimen tributario extraordinario, generando recursos significativos para la atención de la crisis climática.
Contexto de emergencia climática
El anuncio de esta propuesta coincide con un momento crítico en el que Colombia enfrenta efectos devastadores de eventos climáticos extremos, incluyendo desastres por fuertes lluvias e inundaciones en departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. Las crecientes han generado fuertes inundaciones en municipios como Montería y Tierralta en Córdoba, causando daños considerables a infraestructura y afectando a miles de familias.
El Gobierno ha estimado que los costos asociados a la atención de damnificados, reconstrucción de infraestructura y recuperación de las zonas afectadas podrían alcanzar cifras multimillonarias, lo que ha intensificado el debate sobre la necesidad de mecanismos extraordinarios de recaudación para enfrentar estas contingencias climáticas.
Marco legal y proyecciones
La propuesta se enmarca dentro de una posible declaratoria de emergencia económica y social que el Ejecutivo ha planteado para canalizar recursos hacia la atención de la crisis climática en el Caribe colombiano. De materializarse, esta sería otra de las ocasiones en que el Gobierno recurre a estados de excepción para hacer frente a situaciones complejas, incluyendo desastres naturales y brechas fiscales estructurales.
El ministro Ávila destacó que esta medida busca equilibrar la responsabilidad fiscal con la necesidad urgente de recursos para atender a las comunidades afectadas, manteniendo un enfoque progresivo que proteja a las empresas más pequeñas mientras se concentra en aquellas con mayor capacidad contributiva.
La discusión sobre esta propuesta se desarrolla en el marco de las conversaciones fiscales y sociales que rodean la situación presupuestaria nacional y las consecuencias de los fenómenos naturales en diversas regiones del país, representando un esfuerzo por encontrar soluciones financieras innovadoras para desafíos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.
