Impuesto al patrimonio empresarial: un golpe a la liquidez y a la inversión en Colombia
En pocos días, específicamente el próximo primero de abril, vence el plazo para que las personas jurídicas en Colombia paguen la primera cuota del nuevo impuesto al patrimonio implementado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta medida, establecida mediante el Decreto 0173 bajo la emergencia económica declarada por la ola invernal, afecta a empresas con un patrimonio líquido superior a los 10.400 millones de pesos.
Recaudación ambiciosa y objetivos fiscales
La Casa de Nariño proyecta recaudar aproximadamente 8,3 billones de pesos del sector privado, con tarifas más elevadas para sectores específicos como el financiero, el minero y el petrolero, incluyendo incluso a las universidades. Un estudio de Anif estima que el recaudo potencial podría superar los 13 billones de pesos, lo que incrementaría en alrededor de seis puntos porcentuales la tasa efectiva de tributación en el país.
Esta imposición se produce después del rechazo del Congreso de la República a nuevos impuestos y en medio de una severa crisis fiscal. La administración Petro ha optado por esta vía en lugar de implementar medidas de austeridad o recortar el gasto burocrático, utilizando los estados de emergencia como un mecanismo para sortear la decisión legislativa.
Críticas técnicas y económicas al gravamen
Expertos y gremios empresariales han señalado múltiples inconvenientes en la implementación de este impuesto:
- Naturaleza del gravamen: Al gravar no las utilidades, sino plantas, equipos y propiedades, este impuesto ignora la realidad económica de los negocios. Al no considerar la caja, las ganancias y la liquidez, pone en riesgo la supervivencia misma de las empresas.
- Impacto en la estabilidad empresarial: El Consejo Gremial Nacional ha advertido sobre un "deterioro económico sin precedentes" y que, de mantenerse este impuesto, "miles de empresas terminarán por quebrarse". Los efectos incluyen restricciones de liquidez a corto plazo, mayor endeudamiento y desincentivo al crecimiento.
- Trato discriminatorio a sectores clave: Los sectores financiero, minero y petrolero enfrentan una sobrecarga excesiva, a pesar de que actividades como la explotación de minas y canteras registraron una contracción del 6,2% en el PIB de 2025.
Consecuencias para la economía nacional
El impuesto al patrimonio genera preocupaciones fundamentales sobre el futuro económico del país:
- Freno a la inversión: Ahogar las empresas con impuestos desencadena un abrupto freno al desarrollo de nuevos proyectos y reduce el atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.
- Pérdida de competitividad: Un cambio tan drástico y oneroso en las reglas tributarias se traduce en menor competitividad, mayor volatilidad e incertidumbre en el mercado.
- Daño al empleo y la riqueza: El sector privado es uno de los principales generadores de empleo, inversión y riqueza en Colombia. Medidas que lo afecten negativamente tienen repercusiones en toda la economía.
Alertas institucionales y llamado a la Corte Constitucional
La Contraloría General de la República ha alertado sobre vacios en las medidas anunciadas y la creación de más impuestos sin que las entidades responsables de atender desastres mejoren su capacidad de gestión. Además, se ha hecho un llamado a la Corte Constitucional para que, en ejercicio de su independencia, evalúe los riesgos planteados por diversos sectores y las alertas sobre la emergencia económica y sus medidas.
El máximo tribunal cuenta con el respaldo de la Nación cuando busca frenar abusos, imponer cautela y evitar daños irreparables, no solo para las empresas, sino para el país en su conjunto. La implementación de este impuesto, según sus críticos, refleja un sesgo antiempresarial del gobierno que perpetua una concepción equivocada del sector privado como fuente inagotable de recursos fiscales.
