Consejo Gremial alerta sobre riesgo inminente para empresas y empleos por impuesto al patrimonio
La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, ha emitido una alerta contundente sobre el impacto del impuesto al patrimonio empresarial, establecido durante la última emergencia económica. Según su evaluación, cada día que transcurre sin claridad jurídica sobre este tributo se consolida un daño irreversible para miles de compañías y sus trabajadores en todo el territorio colombiano.
Cuotas ya cobradas y análisis constitucional pendiente
La primera cuota de este impuesto, que afecta exclusivamente a empresas con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos, fue efectivamente cobrada el pasado 1 de abril. La segunda cuota tiene como fecha límite de pago el próximo 4 de mayo, generando incertidumbre financiera en el sector empresarial mientras la Corte Constitucional evalúa su constitucionalidad.
Gutiérrez argumenta que este gravamen representa una violación directa del artículo 333 de la Constitución Política, ya que afecta sustancialmente la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia al desviar recursos del capital operativo de las personas jurídicas de manera abrupta e irrazonable.
Argumentos constitucionales y doble tributación
"El patrimonio de las personas jurídicas es capital de inversión productiva que impulsa el crecimiento y el empleo, no riqueza personal", sostuvo la dirigente gremial. Según su análisis, gravar como "riqueza acumulada" lo que en realidad son activos productivos y capital de trabajo contradice abiertamente la jurisprudencia constitucional establecida.
Además, Gutiérrez destacó el problema de la doble tributación: mientras el impuesto sobre la renta ya grava las utilidades de las empresas, el impuesto al patrimonio vuelve a gravar esa misma riqueza en su estado de capitalización, creando una carga fiscal duplicada que afecta la competitividad empresarial.
Tarifas diferenciadas y recursos alternativos
Es importante destacar que la tarifa general de este impuesto se estableció en 0,5 por ciento, pero presenta diferencias significativas según sectores económicos. Las empresas pertenecientes al sector financiero y al minero-energético enfrentan una tarifa considerablemente mayor de 1,6 por ciento, lo que aumenta su carga fiscal de manera desproporcionada.
La presidenta del Consejo Gremial cuestionó además la estrategia del Gobierno frente a la emergencia por la ola invernal que afectó departamentos como Córdoba. "A diferencia de lo ocurrido en la tragedia de Mocoa, donde el Gobierno agotó escalonadamente todos los recursos ordinarios, en este caso no ejecutó los fondos de la UNGRD, la Defensa Civil, el Fondo de Adaptación, ni acudió a regalías ni traslados presupuestales", señaló.
Urgencia de decisión constitucional
Gutiérrez advirtió que el Gobierno está repitiendo argumentos similares a los que la Corte Constitucional ya rechazó durante la emergencia económica de diciembre pasado. Según su análisis, factores como la no aprobación de leyes de financiamiento, las restricciones de la Regla Fiscal y los pasivos heredados de la pandemia no constituyen hechos sobrevinientes ni extraordinarios que justifiquen esta medida tributaria.
El monto total de recursos que se pretende recaudar para atender la emergencia invernal, estimado en 8,3 billones de pesos, también fue cuestionado por la dirigente gremial, quien señaló que parte de esta cifra se basa en supuestos controvertidos y metodologías discutibles.
"Desde el Consejo Gremial insistimos respetuosamente en la urgencia de una decisión oportuna respecto a este Decreto, que pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas y empleos", concluyó Gutiérrez, haciendo un llamado a las autoridades para priorizar la protección del tejido empresarial colombiano.
