Nuevos impuestos por emergencia económica generan alertas en plena temporada electoral
El Gobierno Nacional ha expedido una serie de nuevos tributos para financiar la emergencia económica derivada de la ola invernal que afectó departamentos como Córdoba, pero estas medidas han encendido alarmas entre analistas y gremios por su coincidencia con el período electoral y los riesgos de desvío de recursos.
Recursos bajo la lupa
Tras el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de adicionar más de 8,6 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para 2026, todos los ojos están puestos en cómo se ejecutarán estos fondos que saldrán directamente del bolsillo de los contribuyentes. La preocupación principal radica en que el dinero recaudado va a una bolsa común que se asigna según las necesidades de cada momento de las diferentes carteras ministeriales.
"El gran riesgo consiste en que toda la contratación que se haga podrá hacerse a dedo. Se dispensó a los ejecutantes de estas obras de todo control de licitaciones o concursos de méritos. La gran corrupción asoma las orejas", sentenció el exministro Juan Camilo Restrepo, haciendo referencia al decreto 0175 que permite la contratación directa, saltándose la ley de garantías.
Distribución de los recursos
En concreto, para esta emergencia se apropiarán 6,3 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con los siguientes destinos específicos:
- 1,6 billones de pesos para Agricultura
- 1,3 billones para Vivienda
- 1,1 billones para Presidencia
- Un billón para Educación
- 626.000 millones para Transporte
- 187.000 millones para Ambiente
- 110.000 millones para Minas y Energía
Adicionalmente, otros 878.587 millones de pesos serán administrados por el Ministerio de Hacienda, 455.271 millones por el de Salud, 408.560 millones por Prosperidad Social, 280.000 millones por el ICBF, 253.994 millones por Defensa, 30.800 millones por Bomberos, 20.000 millones por la Defensa Civil y 5.900 millones por la Policía Nacional.
Los nuevos gravámenes
El Ejecutivo ha anunciado cuatro nuevos impuestos que afectarán tanto a personas como a empresas:
- Impuesto al patrimonio empresarial que afecta a compañías con más de 10.000 millones de pesos, con tarifa general del 0,5% y tasa diferencial del 1,6% para sectores financiero y minero-energético.
- Ampliación del impuesto al patrimonio a empresas extranjeras con más de 10.474 millones de pesos al 31 de marzo, con declaración el 30 de abril y pagos en dos cuotas.
- Impuesto nacional del 16% al consumo de juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
- Tributo complementario de normalización tributaria del 19% para contribuyentes del impuesto sobre la renta con activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
Preocupaciones de transparencia
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que "parte de la preocupación y la falta de transparencia del Estado, no solo de este gobierno, es que los recursos tributarios van a una bolsa común que luego el Ejecutivo decide cómo ejecutarla". El experto recordó lo ocurrido con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y de la pandemia, donde no hubo claridad sobre su ejecución.
Desde el Gobierno, Carlos Carrillo, director de la UNGRD, aseguró que "muy seguramente esos recursos serán apropiados después de las elecciones, o muy cerca de ellas, y que de su ejecución se encargará el próximo gobierno". Reconoció la desconfianza existente pero afirmó que "la única garantía que usted puede tener de que las cosas se hagan bien es tener gente decente al frente del Estado".
Críticas desde los gremios
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que "estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el Gobierno en la emergencia de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte al pretender suplantar al Congreso". Advirtió que el nuevo decreto golpeará la inversión, la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, calificó la situación como "un precedente peligroso pues convierte la excepcionalidad en un atajo al ampliar las cargas tributarias y reintroducir por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria". La experta sostuvo que el Gobierno debería estar ajustando el gasto público en lugar de crear nuevos impuestos.
Contexto adicional
El Gobierno también propuso reducir de manera transitoria las sanciones y los intereses moratorios para personas que se encuentren en mora al 31 de diciembre de 2025, siempre que realicen el pago total de lo debido antes del 30 de abril. Según cifras oficiales, hasta la suspensión de la emergencia anterior por la Corte, 175.000 contribuyentes se habían acogido a estos beneficios, generando un recaudo de 1,63 billones de pesos.
La coincidencia de estas medidas tributarias con el período electoral y la falta de mecanismos claros de vigilancia en la ejecución de los recursos mantienen en alerta a analistas, quienes temen que se repitan los problemas de transparencia observados en emergencias anteriores.
