Nuevo impuesto al patrimonio empresarial genera alerta por efectos económicos
Este 1 de abril de 2026 marca el inicio del pago del nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas en Colombia, medida implementada mediante decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las empresas afectadas deberán cancelar el 50% del tributo en esta fecha, completando el pago total el 4 de mayo próximo.
Cambios en las tasas impositivas
Mientras la tarifa general actual para el impuesto al patrimonio de personas jurídicas se mantiene en 0,5%, el nuevo gravamen establece una tasa del 1,6% específicamente para entidades del sector financiero y empresas dedicadas a actividades extractivas como la explotación de carbón y petróleo. La declaración y pago se realizarán ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante formularios específicos que la entidad dispondrá para tal fin.
Impacto directo en la inversión empresarial
Expertos consultados coinciden en que uno de los efectos más significativos de esta medida será la desincentivación de la inversión en el país. Jairo Orlando Villabona, exdirector de la Dian, advierte que "este impuesto al patrimonio puede recaudar mucho, pero es un problema porque va a desincentivar la inversión". El experto explica que muy pocas personas capitalizarán empresas ante el riesgo de tener que pagar el tributo adicional.
Villabona destaca además que el flujo de caja empresarial se verá considerablemente afectado, existiendo el riesgo de que algunas compañías no cuenten con la liquidez suficiente para cumplir con la obligación tributaria. "Si usted es un inversionista del exterior y le dicen que en Colombia le cobran por hacer una empresa en el patrimonio, eso casi no se cobra en ninguna parte del mundo", señala el experto, alertando sobre posibles efectos negativos en la atracción de capital extranjero.
Riesgo de efectos inflacionarios
Andrés Vernazza, docente de la Universidad Piloto, analiza que este nuevo impuesto generará una "fiscalidad distorsionante" que impactará no solo los costos de producción, sino también los precios finales de los bienes que las empresas comercializan en el mercado. "Esta fiscalidad distorsionante puede ayudar de alguna forma también a que se tenga en últimas un efecto en la inflación", explica el académico.
Vernazza agrega que la medida podría afectar tanto la productividad de empresas locales como la inversión extranjera directa hacia Colombia, debido a la percepción de inestabilidad en el marco tributario nacional.
Universidades privadas también afectadas
El impacto del impuesto no se limitará a los sectores financiero y extractivo, sino que también alcanzará a las universidades privadas del país. La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (Ascún) ha elevado una voz de alerta, señalando que gravar a las universidades con este tributo afectará el desarrollo de sus funciones sustanciales de investigación, proyección social y docencia.
Ante esta situación, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó la creación de mesas técnicas para evaluar los efectos de la medida sobre el sistema universitario. A través de su cuenta en la red social X, el ministro indicó que pidió "constituir prontamente una mesa técnica" que permita analizar el alcance del incremento en la carga impositiva a las universidades privadas.
Paralelamente, el Ministerio de Educación envió una carta oficial al Ministerio de Hacienda, fechada el 26 de marzo, proponiendo realizar dicha reunión entre el 6 y el 10 de abril. El objetivo es abrir un diálogo técnico e interinstitucional que facilite revisar los alcances del impuesto y armonizar su implementación con las dinámicas propias del sector educativo.
Recaudo estimado y resistencia del sector
Se estima que este nuevo tributo podría generar un recaudo de aproximadamente 8 billones de pesos si todas las empresas cumplen con el pago. Sin embargo, existe preocupación sobre la capacidad de pago de algunas organizaciones que podrían no contar con la liquidez suficiente.
La situación ha generado alta tensión en el sistema de educación superior. La Asociación Colombiana de Universidades solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del decreto que creó el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica. Ascún estima que el impacto económico para las universidades ascenderá a 135.000 millones de pesos, lo que comprometería la sostenibilidad financiera de varias instituciones educativas privadas.
El gobierno enfrenta así el desafío de implementar una medida de recaudo fiscal mientras gestiona las preocupaciones legítimas de diversos sectores económicos y educativos sobre sus posibles efectos colaterales en la inversión, la inflación y la sostenibilidad institucional.
