Gobierno decreta emergencia económica con nuevo paquete tributario para inundaciones
El 11 de febrero, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica para atender la crítica situación generada por las inundaciones ocasionadas por un frente frío en varias zonas del país. Este viernes se anunció un nuevo paquete tributario con el que el Ejecutivo busca recaudar recursos específicos para enfrentar esta emergencia climática.
Nuevos impuestos y ajustes tributarios
El paquete incluye el impuesto nacional al consumo de los juegos de suerte y azar en línea, con una tarifa del 16% establecida para 2026. La base gravable serán los ingresos brutos del juego, calculados como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente. Además, se realizan ajustes en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, buscando una mayor contribución de este sector.
Entre las medidas complementarias, se establecen mecanismos de alivio tributario para sujetos con obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias en mora con la DIAN al 31 de diciembre de 2025. Estos podrán reducir sanciones e intereses moratorios si realizan el pago total desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril de 2026, cumpliendo requisitos específicos.
También se crea un impuesto complementario de normalización tributaria con tarifa del 19% para el año gravable 2026, dirigido a contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
Destino concreto de los recursos
Uno de los principales cuestionamientos de gremios a decretos tributarios anteriores era la falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado. Ahora, el Gobierno ha especificado que se incorpora al Presupuesto General de la Nación de 2026 una bolsa de COP 8,68 billones para atender la emergencia en los ocho departamentos afectados por las inundaciones.
Estos recursos se financiarán con los ingresos esperados de los decretos tributarios ya expedidos, particularmente el impuesto al patrimonio y el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados por internet. La distribución de los fondos queda así:
- COP 6,35 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordinará su ejecución con entidades estatales.
- COP 878.587 millones en el Ministerio de Hacienda para afectaciones en agua y saneamiento básico.
- COP 1,6 billones para agricultura y desarrollo rural, destinados a acceso a tierras, alivios de deuda agropecuaria y recuperación de sistemas productivos.
- COP 1,3 billones para vivienda, enfocados en reasentamientos y reparación de viviendas.
- COP 1 billón para educación, dirigidos a aulas temporales, mobiliario y kits escolares tras daños en 657 sedes educativas y 15 instituciones de educación superior.
- COP 220.933 millones adicionales para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para mantener la alimentación durante suspensiones de clases.
- COP 1,17 billones para recuperación temprana y rehabilitación bajo coordinación de la UNGRD.
- COP 626.220 millones para transporte, especialmente atención de vías y reconstrucción de puentes.
Recursos adicionales para sectores críticos
En el sector salud se adicionan COP 455.271 millones para atender el aumento en la demanda de servicios y reparar infraestructura afectada. Prosperidad Social recibiría COP 408.560 millones para programas como Hambre Cero, inclusión productiva y una línea de emergencia de Renta Ciudadana. El ICBF tendría COP 280.000 millones para reforzar la atención a niños, niñas, adolescentes y familias en riesgo.
A estos montos se suman recursos adicionales para Defensa, Policía, Defensa Civil y Bomberos, completando un paquete integral de respuesta a la emergencia climática que afecta a múltiples regiones del país.
