A partir del próximo 25 de junio, las empresas con 100 o más trabajadores estarán obligadas a cumplir una nueva disposición laboral: contratar personas con discapacidad en una proporción determinada por el tamaño de su planta. Esta medida, establecida en la Ley 2466 de 2025, busca mejorar la inclusión laboral en un contexto donde solo el 19,6% de las personas con discapacidad tiene empleo en Colombia, frente al 60,6% de la población sin discapacidad.
¿Cómo funcionará la nueva cuota de contratación?
La norma establece que las compañías deberán vincular dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores dentro de los primeros 500 empleados. A partir del trabajador número 501, deberán incorporar una persona adicional por cada 100 colaboradores. Por ejemplo, una empresa con 650 trabajadores tendrá que contar con 11 personas con discapacidad en su nómina.
Riesgo de incumplimiento por interpretación errónea
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advierte que algunas empresas podrían interpretar incorrectamente quiénes pueden contabilizarse dentro de la cuota. Es frecuente confundir discapacidad con enfermedad laboral o pérdida de capacidad laboral, pero estos conceptos no son equivalentes. Para efectos del cumplimiento, la condición determinante es contar con el certificado de discapacidad correspondiente.
El desafío de construir entornos inclusivos
Más allá de cumplir con la cuota, el CCS sostiene que el principal reto es crear ambientes laborales realmente inclusivos. Esto implica revisar procesos de selección, vinculación, inducción y seguimiento al desempeño. Además, en Colombia se reconocen siete categorías de discapacidad: auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial, física y múltiple, por lo que los apoyos requeridos varían significativamente.
“Es imprescindible eliminar barreras actitudinales, sociales y culturales. No todas las discapacidades son iguales y esta condición se experimenta de forma diferente en cada persona”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.
La inclusión laboral sigue siendo una deuda pendiente
Las cifras muestran que el acceso al empleo formal sigue siendo una barrera. Más de la mitad de las personas con discapacidad que participan en el mercado laboral trabajan por cuenta propia (57,6%), mientras que el 29% son empleados particulares y solo el 2,8% trabaja en el gobierno. Para el CCS, estos datos reflejan informalidad y menor estabilidad. La nueva obligación puede ser una oportunidad para avanzar en inclusión, si las empresas no la asumen solo como un requisito legal.
“La verdadera discusión no es cuántas personas contratar, sino cómo construir entornos laborales que aprovechen el talento diverso”, concluyó Solano Luque.
