El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, publicó este jueves el proyecto de decreto con el que busca fijar nuevas tarifas mínimas para los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. La medida, anticipada desde principios de año, introduce tarifas diferenciales para hogares, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños, en una estructura que no se revisaba a fondo desde hace más de 20 años.
Antecedentes de la medida
“Hoy puede estar pagando lo mismo una gran empresa que un conjunto residencial por un servicio similar, y claramente las realidades no son las mismas”, dijo Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en entrevista con El Espectador en febrero de este año. Según el superintendente, tras una revisión de varios meses de la estructura de costos se determinó que es factible bajar el factor para cierto tipo de servicios, entre ellos los residenciales.
La nueva estructura tarifaria
La tarifa mínima vigente está fijada en un factor de 9,77 veces el salario mínimo, equivalente a COP 17.106.341,85 mensuales para el primer semestre de 2026, antes de sumar el seguro de vida y los gastos de administración y supervisión. Ese factor está programado para subir dos veces más durante 2026: a 9,85 entre el 1 y el 14 de julio, y a 10,21 desde el 15 de julio hasta diciembre de este año, como lo indica la Circular Externa 20251300000115CS expedida por la Supervigilancia el 30 de diciembre de 2025. La razón de estos incrementos, según le explicó Larry Álvarez a este diario, está relacionada con los nuevos costos laborales que implican la reforma laboral del gobierno Petro y la reducción de la jornada de trabajo prevista para julio de 2026.
Ahora, el proyecto de decreto propone una nueva estructura que reemplazaría ese esquema. En primer lugar, bajaría el factor salarial a 8,69 veces el salario mínimo para todos los servicios. Ese nuevo factor también tiene incrementos programados: subiría a 8,76 desde el 1 de julio, a 8,79 desde el 15 de julio y a 8,86 a partir del 1 de julio de 2027, en línea con los ajustes de la reforma laboral y la reducción de jornada.
Componente independiente de costos
Además, el proyecto separaría los costos operativos en un componente independiente llamado COIS, expresado en Unidades de Valor Básico (UVB). Para la tarifa general ese COIS sería de 156,150 UVB, mientras que para los sectores beneficiados con la tarifa diferencial (hogares, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños) se reduciría a 41,929 UVB.
Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el proyecto elimina además el porcentaje de administración y supervisión, que en la modalidad sin armas equivale al 8% de la facturación, aunque el documento aclara que las partes podrían acordarlo voluntariamente. La propuesta tarifaria del Gobierno, sin embargo, no precisa el valor del seguro de vida obligatorio del servicio, el cual hace parte de la tarifa final.
Impacto esperado
Según un comunicado de la Supervigilancia, la medida garantizará “salarios justos a más de 360.000 trabajadores del sector”. Para el superintendente, se busca además frenar la informalidad. “Con ella (el proyecto de decreto) buscamos que los distintos sectores sociales y de la economía colombiana encuentren un alivio financiero al contratar los servicios de seguridad privada, y no migren a prestadores no autorizados que, entre otras cosas, no tienen el conocimiento ni la experiencia para prestar un servicio especializado y tan esencial como este”, señaló.
