El fracaso de decretar realidades económicas en Colombia
La revisión del aumento del salario mínimo para 2026, ordenada por el Consejo de Estado, se convirtió en un auténtico disparo al aire que demostró la desconexión entre las decisiones judiciales y la realidad económica del país. Los empresarios mantuvieron el ajuste decretado por el Ejecutivo en diciembre pasado y el Gobierno Nacional simplemente reexpidió el decreto con la misma alza, evidenciando cómo el alto tribunal actuó de manera tardía sin comprender la coyuntura política y económica actual.
Justicia constitucional en desfase con la realidad
Las decisiones del Consejo de Estado parecen provenir de otra realidad, con tiempos que avanzan con un desfase preocupante frente a un mundo que se mueve al ritmo de la inteligencia artificial y cambios económicos acelerados. Si bien cada caso debe estudiarse con rigor, no puede resolverse con tal lentitud en una época donde la oportunidad de las decisiones también importa fundamentalmente.
Este inédito episodio quedará fijado en la memoria tripartita que cada año estudia estos ajustes salariales, convirtiéndose en un precedente relevante que deja la sensación de que el gobierno de turno terminará decretando lo que considere conveniente, independientemente de las decisiones judiciales.
La inflación: resultado de múltiples factores
En este cruce de decisiones, tanto el Ejecutivo como el alto tribunal parecen olvidar un principio elemental: el costo de vida no se decreta. La inflación es el resultado de múltiples condiciones y externalidades -incluido el clima- que inciden directamente sobre los precios de los productos y servicios.
Lo que sí golpea de frente las expectativas inflacionarias es el ingreso de las personas y las indexaciones anacrónicas que el Congreso y el Ejecutivo siguen atando al salario mínimo y a la inflación pasada. Nadie ganó con el insuceso del alza salarial ni con su revisión judicial, pero cerca de 14 millones de familias colombianas sí perdieron, porque entre el año pasado y los primeros meses de 2026 la inflación ya alcanza el 5,3%, cuando debería estar más cerca del 4% según los objetivos del Banco de la República.
Crecimiento económico: más allá de los decretos
Así como la inflación no se decreta, el crecimiento económico tampoco responde a mandatos gubernamentales. Este depende fundamentalmente de una alineación de factores estructurales: seguridad jurídica, tasas de interés bajas, optimismo sobre el rumbo nacional, políticas públicas orientadas a la reactivación productiva y una comprensión adecuada de los ciclos económicos, donde las acciones contracíclicas cumplen un papel determinante.
El actual Gobierno pasó sus cuatro años intentando demostrar teorías keynesianas e ideas donde el eje central del crecimiento es el Estado y no el sector productivo privado. A esa apuesta se aferró con terquedad, generando empleo de mala calidad a través de contratos estatales y obras públicas sin una luz clara al final del túnel.
La informalidad como síntoma del problema
La mejor prueba de este modelo fallido es que la informalidad sigue siendo el principal dolor de cabeza del recaudo tributario. Los bajos montos recaudados son la prueba ácida de que un crecimiento del 2,6% no solo es mediocre, sino que tampoco genera más impuestos y, peor aún, profundiza una economía signada por la informalidad laboral y comercial.
Quienes aspiran a llevar las riendas del país hasta 2030 deben entender que la inflación es el resultado de políticas alineadas entre el sector productivo, el Banco de la República y el Ejecutivo, mientras que el crecimiento debe asumirse como un propósito nacional que trascienda los ciclos políticos.
Centralismo vs. realidad regional
Colombia es un país de regiones interconectadas, con un centro que, por obra y gracia de cada gobierno, sigue actuando de manera excesivamente centralista, en contravía del espíritu de la Constitución de 1991 que apostaba por el fortalecimiento regional. Bogotá representa apenas una cuarta parte de la economía nacional, pero los gobiernos de turno aún creen que las tres cuartas partes restantes dependen exclusivamente de lo que se decida en la Casa de Nariño.
Este desfase entre las decisiones centralizadas y las realidades regionales explica en parte por qué las políticas económicas fracasan en su implementación y por qué el crecimiento no despega como debería en un país con tanto potencial productivo diversificado en sus territorios.
