La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada en 2024, se encuentra en un limbo jurídico mientras la Corte Constitucional decide sobre su validez. La ley fue suspendida tras recibir 91 demandas de inconstitucionalidad, y el tribunal no logró una mayoría en la votación inicial, lo que llevó al nombramiento de un conjuez para desempatar.
El conjuez Carlos Pablo Márquez, seleccionado por sorteo, aceptó el cargo a finales de 2025 y su voto será definitivo. La Corte reanudará la discusión el 13 de enero de 2026. Hasta entonces, la ley no puede entrar en vigor, lo que mantiene en vilo a millones de personas próximas a pensionarse.
El trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024 fue controvertido desde su aprobación en julio de 2024. Entre las demandas destaca la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que cuestiona vicios de procedimiento y la sostenibilidad financiera del sistema. En junio de 2025, la Corte devolvió la ley a la Cámara de Representantes por insuficiencias en el segundo debate, pero el Congreso subsanó las observaciones y devolvió el expediente.
Mientras se espera el fallo, el Gobierno Petro implementó un bono pensional de $230.000 para tres millones de adultos mayores como adelanto parcial. El acceso a pensiones en Colombia sigue siendo limitado: según un estudio de la Universidad de Los Andes de 2021, solo el 16% de los 7,5 millones de personas en edad de pensionarse recibe el beneficio, con una brecha de género significativa: 12,1% de mujeres frente a 22,5% de hombres.
La reforma no modifica las edades de pensión (57 años para mujeres, 62 para hombres), pero introduce medidas para reducir barreras, como la reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo para las mujeres que no completen las semanas requeridas a los 57 años. El fallo de la Corte definirá si estas disposiciones entran en vigor.
