La paradoja del oro colombiano: riqueza subterránea, devastación superficial
Colombia posee uno de los subsuelos auríferos más prometedores del planeta, con precios internacionales en máximos históricos y una tradición minera que se remonta siglos atrás. Sin embargo, esta aparente bendición se ha convertido en una maldición contemporánea: más del 80% del oro que se extrae en el país es ilegal, no simplemente informal, sino completamente al margen de la ley.
Una economía paralela que evade al Estado
Esta minería clandestina opera sin títulos mineros, sin licencias ambientales, sin cumplir obligaciones laborales y, por supuesto, sin pagar impuestos ni regalías. Colombia produce entre 60 y 70 toneladas anuales de oro, una riqueza que debería traducirse en inversión pública, empleo formal y recursos fiscales para las regiones. En cambio, se diluye en una economía subterránea dominada por retroexcavadoras clandestinas, mercurio vertido indiscriminadamente a los ríos y estructuras criminales que han encontrado en el oro un negocio más estable y menos riesgoso que el narcotráfico.
Las tres causas estructurales de la ilegalidad
La explicación de esta alarmante cifra no se encuentra en factores culturales o geológicos, sino en fallas políticas e institucionales profundamente arraigadas:
- Regulación asfixiante: El Estado colombiano ha creado una maraña regulatoria que hace casi imposible operar legalmente. Los trámites para obtener títulos mineros pueden demorar una década, las consultas previas se eternizan, hay superposición constante con áreas protegidas y existe una inseguridad jurídica permanente con cambios retroactivos en las normas.
- Financiación de grupos armados: La firma del acuerdo de paz con las Farc, lejos de reducir la minería ilegal, la disparó. El ELN, disidencias y bandas criminales encontraron en el control de retroexcavadoras y puntos de extracción un negocio perfecto: el oro no tiene el estigma internacional de la cocaína y se blanquea con facilidad.
- Discurso oficial contradictorio: Mientras se demoniza constantemente a la minería industrial -que opera con estándares ambientales, paga regalías y es fiscalizable- se tolera tácitamente la devastación ambiental de la minería ilegal por incapacidad estatal o conveniencia política.
Consecuencias devastadoras en lo económico y ambiental
El impacto de esta situación es doblemente perverso:
- Económicamente: Cada gramo de oro ilegal representa regalías que nunca llegan a los municipios mineros, impuestos que no se recaudan y una distorsión de mercado que expulsa gradualmente a los productores formales.
- Ambientalmente: La ilegalidad se traduce en deforestación masiva en el Chocó y el sur de Bolívar, ríos contaminados con mercurio en Antioquia y el Cauca, y comunidades atrapadas entre la pobreza extrema y la coacción armada.
Hacia una solución pragmática
La respuesta no está en prohibir más actividades mineras, sino en facilitar la formalización. Se requiere una estrategia integral que incluya:
- Procesos de formalización real para pequeños mineros tradicionales
- Seguridad jurídica para atraer grandes inversiones responsables
- Licenciamiento ambiental ágil pero riguroso
- Fuerza pública concentrada en destruir maquinaria ilegal y desmantelar las estructuras criminales
El oro colombiano podría convertirse en una palanca de desarrollo nacional, especialmente si los precios internacionales continúan su tendencia alcista. Con precios que podrían alcanzar los US$10.000 por onza troy, la explotación aurífera legal y responsable podría incluso sustituir gradualmente al petróleo y al carbón como fuente de ingresos para el país. O puede seguir siendo, como hoy, una maldición que enriquece a unos pocos mientras empobrece a las regiones y destruye el patrimonio natural de todos los colombianos.
