Chocó enfrenta ofensiva sin precedentes contra minería ilegal mientras crimen se recompone
La ofensiva contra la minería ilegal en el departamento del Chocó ha alcanzado niveles históricos en los primeros meses de 2026, con operaciones que ya se acercan a las cifras totales registradas durante todo el año anterior. Esta intensificación operativa revela no solo el compromiso de las autoridades, sino también la alarmante dimensión de una economía ilícita que se regenera con velocidad preocupante en el territorio.
Intervenciones concentradas en corredores estratégicos
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada, confirmó que "en destrucción este año hemos destruido más, casi el triple de minería que el año pasado, en todo el año". Este salto operativo se ha logrado mediante intervenciones concentradas en municipios clave como Quibdó, Carmen de Atrato, Río Quito, Chintadó, Yuto y Unión Panamericana.
En estas operaciones coordinadas entre Ejército, Fuerza Aeroespacial, Armada y Policía, se han destruido dragas, excavadoras, motores y otros equipos especializados utilizados para la extracción ilegal de minerales. La coordinación interinstitucional ha sido fundamental para el éxito de estas acciones en terreno.
Impacto ambiental devastador y financiamiento criminal
Las consecuencias ambientales de esta minería ilegal son profundamente preocupantes. Según explicó el general Caicedo, "no solo el río Atrato es uno de los más afectados, también están el San Juan y el Baudó". Estos cuerpos de agua sufren contaminación por mercurio y, en algunos casos, cianuro, químicos utilizados en los procesos de extracción que generan daños ecológicos de largo plazo.
El Chocó forma parte de un enclave de producción minera ilegal que incluye también al departamento de Caldas, donde se registra la injerencia del ELN y del Clan del Golfo. En esta zona, la extracción mensual se calcula en aproximadamente 548 kilogramos de oro, con un valor estimado de 89 millones de dólares.
De esta renta criminal, el ELN obtendría cerca de 13 millones de dólares, mientras que el Clan del Golfo recibiría aproximadamente 8 millones de dólares. Como señaló el oficial, "la pelea de ellos en el departamento es por el oro", evidenciando cómo esta economía ilícita financia directamente la capacidad logística y de expansión de estos grupos armados.
Ciclo destructivo y pérdidas millonarias
A pesar de la presión militar constante, la reposición de equipos ocurre en ciclos alarmantemente cortos. "Se les destruyen las dragas y al mes vuelven a colocar toda la cantidad de máquinas", explicó Caicedo. Esta dinámica ha obligado a las fuerzas a mantener operaciones recurrentes sobre los mismos puntos, en un esfuerzo continuo por interrumpir las actividades ilegales.
Las pérdidas económicas derivadas de cada intervención alcanzan cifras estratosféricas. En una operación reciente, según el balance oficial, se destruyeron equipos que generaban ingresos cercanos a los 22.000 millones de pesos. A nivel agregado, las operaciones han representado afectaciones superiores a los 59.000 millones de pesos en maquinaria y la interrupción de la extracción de cerca de 186.500 gramos de oro.
Desafíos de medición y persistencia del fenómeno
La dimensión territorial exacta de este fenómeno es difícil de cuantificar con precisión. El propio comandante reconoció esta complejidad, aunque aportó una referencia visual significativa: en registros de inteligencia "hay zonas en las que se pueden apreciar entre 40 y 60 máquinas". Las imágenes aéreas y videos operacionales muestran extensiones amplias de terreno intervenido, con alteraciones visibles en los cauces de los ríos y en las capas superficiales del suelo.
Esta situación plantea un desafío complejo para las autoridades: mientras las operaciones de destrucción de maquinaria alcanzan récords históricos, la capacidad de reposición del crimen organizado mantiene viva una economía ilegal que financia violencia, destruye ecosistemas y corroe el tejido social del departamento.
