Durante el Foro “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados”, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República advirtieron un panorama preocupante en Colombia durante los últimos años.
Cifras alarmantes de reclutamiento forzado
De acuerdo con la defensora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ana María Sánchez Guevara, “entre enero de 2021 y diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo conoció de 1.582 casos de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado. Y entre enero y abril de 2026 llevamos 25 casos reportados; y entre enero de 2021 y diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas registró 567 declaraciones por este hecho victimizante”.
La JEP llegó a identificar más de 18.000 víctimas de reclutamiento desde la década de los 70. Según la defensora delegada Sánchez, “en el marco del macrocaso 07 ante la JEP, se llegó a identificar un universo de 18.677 víctimas entre 1971 y 2016”.
Aumento del 300% en casos verificados por la ONU
El reclutamiento forzado de menores en Colombia no es un fenómeno actual. Sin embargo, el aumento del 300% de casos verificados por Naciones Unidas en los últimos cinco años coincide con los recortes a programas que buscan combatir este flagelo.
Recortes presupuestales a la prevención
De acuerdo con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el rubro de recursos para combatir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se redujo en más de un 83%:
“En materia presupuestal, de los 12.891 millones de pesos asignados al proyecto de inversión Desarrollo de la Política Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, se ejecutaron 9.216 millones, quedando pendientes por ejecutar 3.675 millones. A ello se suma una reducción presupuestal del 83.8% para el periodo 2024-2026, con recursos que descendieron a 1.810 millones de pesos”.
Aunque representantes de Unicef advirtieron en 2026 que se necesitan acciones urgentes para proteger a la infancia del reclutamiento, violencia sexual y otros delitos graves ocurridos en medio del conflicto, los recursos destinados a garantizar sus derechos han enfrentado recortes en los últimos dos años.
