La tormenta perfecta que ahoga al carbón nortesantandereano
Una combinación devastadora de factores está apagando progresivamente la industria del carbón en Norte de Santander, un sector que hasta hace poco representaba una columna vertebral económica para la región. La producción se ha desplomado en más del 50%, pasando de casi 5 millones de toneladas en 2022 a apenas 2 millones en 2025, según estimaciones oficiales que pintan un panorama desolador para este renglón productivo.
El colapso de una industria vital
Las cifras revelan una crisis de dimensiones alarmantes: aproximadamente el 70% de las minas del departamento han tenido que cerrar sus operaciones, afectando directamente e indirectamente a unos 70.000 empleos. La cadena de valor completa sufre las consecuencias, desde supermercados y ferreterías hasta transportadores, mecánicos, vendedores de repuestos, proveedores de madera, profesionales especializados y hasta los pequeños comerciantes que servían tinto a los mineros antes de sus jornadas laborales.
Blanca Moncada, titular de un título minero en el municipio de Sardinata, corregimiento de Las Mercedes, relata su experiencia personal: "El año pasado ya no alcanzó para abrir un hueco y tapar otro financieramente hablando y tuvimos que parar dos veces. Aunque recurrimos a préstamos bancarios, al final no alcanzaron. Lo peor es dejar a más de 35 familias sin el sustento diario".
Los múltiples factores de la crisis
La situación actual resulta de una convergencia perversa de elementos:
- Precios internacionales en mínimos históricos por exceso de inventarios globales
- Devaluación del dólar que afecta los ingresos en pesos colombianos
- Impuestos adicionales implementados por el gobierno nacional
- Extorsión sistemática por parte de grupos armados ilegales
- Temporada de lluvias que complica las operaciones extractivas
Los números concretos son elocuentes: el carbón térmico se pagaba a 210.000 pesos la tonelada a finales de 2025, mientras que en 2026 comenzó cotizándose a apenas 200.000 pesos. El carbón metalúrgico (coquizable) mantiene precios ligeramente mejores, alrededor de 260.000 pesos la tonelada, pero insuficientes para garantizar rentabilidad.
La presión de los grupos armados ilegales
La extorsión se ha convertido en un impuesto paralelo insostenible. Un minero que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad reveló: "A muchos nos cobran tanto el ELN como las disidencias de las Farc por aparte y cuando les manifestamos que esos 3.000 o 4.000 pesos que cobran cada uno por tonelada son indispensables para continuar en el negocio, la respuesta es: si no sirve el negocio entonces cierren la mina".
Esta presión criminal no se limita a los productores directos, sino que se extiende a toda la cadena: dueños de volquetas, supermercados, tenderos y diversos actores económicos deben pagar "impuestos" ilegales que tensionan aún más el ya frágil equilibrio financiero del sector.
Políticas gubernamentales y ausencia de estímulos
El gobierno de Gustavo Petro ha implementado medidas que los mineros consideran adversas, incluyendo el aumento de la autorrenta del 1,6% al 4,5%, más un 1% adicional correspondiente a la emergencia económica del Catatumbo hasta enero pasado. Los productores señalan que, aparte de estas cargas fiscales, el ejecutivo ha "satanizado" al sector en medio de su cruzada contra el cambio climático.
Eduardo Roa, propietario de un título minero también en Sardinata, explica los ajustes extremos que han tenido que implementar: "Ha sido necesario hacer reingeniería administrativa para encontrar un punto de equilibrio sumamente ajustado, pero con una baja de 10.000 pesos más ya no podemos".
El papel cuestionado de Termotasajero
La única planta térmica de Norte de Santander, Termotasajero, enfrenta críticas por su política de compras. En lugar de adquirir el mineral directamente a los productores, como era su propósito inicial con fines sociales, gran parte del carbón pasa por comercializadores que retienen una porción significativa de las utilidades.
Blanca Moncada expresa la frustración del sector: "Termotasajero no hace una labor social de comprarle directamente al extractor de una manera sostenible. Mucho del carbón pasa por los comercializadores, a quienes les tenemos que vender a más bajo precio, generándonos unas pérdidas que ahora son muy importantes para nuestra supervivencia en el negocio".
Este medio intentó obtener la versión de Termotasajero sobre estas acusaciones, pero la empresa declinó dar entrevistas o declaraciones formales. La situación contrasta con lo que ocurre en Boyacá, donde Termopaipa compra directamente a los productores a 245.000 pesos la tonelada, sosteniendo así la actividad minera departamental según testimonios de propietarios.
Impacto en sectores conexos
La crisis carbonífera tiene efectos multiplicadores. José Peñaloza, Director Regional de Cúcuta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), confirma que los viajes de carbón disminuyeron más del 50% durante 2025. Dos entidades bancarias de Cúcuta reportaron afectaciones significativas en un negocio que movió casi 800.000 millones de pesos durante 2024, según estadísticas del DANE.
Un futuro incierto con pocas soluciones inmediatas
Los analistas proyectan que los precios internacionales del carbón permanecerán bajos durante 2026 debido a menor demanda, altos inventarios globales y mayor competencia de energías renovables y gas natural. Para el carbón térmico se anticipan precios aún más reducidos, mientras el metalúrgico podría mantener estabilidad o pequeños aumentos.
El dólar tampoco augura mejorías, con estimaciones que lo sitúan por debajo de los 4.000 pesos durante el resto del año debido a debilidad de la moneda estadounidense y políticas del gobierno colombiano.
Las posibles soluciones parecen limitadas:
- Que Termotasajero cumpla una función social comprando directamente a los productores
- Que el gobierno nacional reduzca o elimine la autorrenta y disminuya el valor de las regalías
Esta última opción, según los mineros, probablemente requeriría un gobierno de centro o derecha con diferente orientación ideológica.
Supervivencia con ajustes extremos
Algunos mineros han implementado "malabares" con la seguridad social, pagándola sobre salario mínimo, condición que los trabajadores aceptan para mantener sus empleos y que las operaciones continúen. Diego Rodríguez, propietario de la mina Panamá en el sector de San Pedro, área rural de Cúcuta, resume la situación de muchos: "La verdad es que heredé el título minero de mi papá y yo no sé hacer nada más sino minería. Por el momento estamos solo subsistiendo y esperando que suba un poquito el precio del carbón para volver a ganar algo".
Lo que todos temen es que la desaparición de la minería legal abra espacio a la ilegal, que beneficia a grupos armados al no cumplir con obligaciones normativas, impositivas ni de seguridad social. Mientras tanto, los productores se aferran a la "fe del minero", esa esperanza tradicional de que los precios eventualmente se recuperen, aunque en esta ocasión las dinámicas internacionales sugieren que los nubarrones no desaparecerán fácilmente.
El sector carbonífero, que en 2024 ocupó el quinto lugar en el PIB de Norte de Santander, lucha por no hundirse definitivamente en la borrasca económica que navega, ajustando finanzas y operaciones en un esfuerzo desesperado por sobrevivir.
