Alto militar señala conexión entre paro minero y grupos que dialogan con el gobierno
En el marco del foro 'El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado', organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO y la Federación Nacional de Departamentos, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares, realizó una revelación contundente sobre el origen del paro minero que afecta al Bajo Cauca antioqueño y cordobés.
Denuncia directa contra negociadores de paz
Ante la pregunta del director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, sobre quiénes estarían detrás de las protestas mineras, el coronel Bastidas respondió sin ambages: "Los mismos que firmaron acuerdos con el gobierno son los que están promoviendo el paro en estos momentos. No quieren que las Fuerzas Militares hagan operaciones contra un fenómeno que es ilegal. En Colombia no puede haber un terreno vedado para la Fuerza Pública".
Aunque el oficial no mencionó nombres específicos, las Fuerzas Militares tienen documentada la alta injerencia del Clan del Golfo en la región, organización que actualmente se encuentra en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Contexto del paro y afectaciones regionales
Según reportes oficiales de la Mesa Minera, el paro ha generado:
- Tomas de vías principales en la región del Bajo Cauca
- Incendios de llantas como método de protesta
- Llamados a mesas de concertación para formalizar a mineros tradicionales
- Participación de gremios mineros, comerciantes y comunidades
Minería ilegal: negocio multimillonario de grupos armados
Durante su intervención, el coronel Bastidas destacó que la extracción ilícita de minerales constituye uno de los métodos de financiación más poderosos de las organizaciones armadas en Colombia. Las ganancias de este negocio ilícito pueden alcanzar los 8.400 millones de dólares, generando una depredación ambiental cuyas consecuencias pagarán las futuras generaciones.
El oficial explicó las complejidades que enfrentan las instituciones para desarticular estas redes criminales:
- Las organizaciones utilizan empresas fachada para lavar dinero
- Ocultamiento de capitales en paraísos fiscales fuera de Colombia
- Creación de estructuras empresariales aparentemente legales
Crítica a la respuesta estatal fragmentada
Bastidas hizo un llamado a la coordinación interinstitucional: "Al final siempre el problema se lo dejan al sector defensa. Pero esto no es un problema del sector de defensa, es un problema de Estado. Tiene que estar el ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. Inclusive, las conversaciones para apaciguar a la comunidad en el Bajo Cauca las estamos liderando nosotros".
Perspectiva de derechos humanos y ambientales
En el mismo foro, Erika Castro, delegada para los derechos colectivos y el ambiente de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que la extracción ilícita de minerales -que supera el 85% en Colombia- representa una grave vulneración de derechos humanos y de la naturaleza.
Castro detalló los principales impactos:
- Infiltración de grupos armados en estructuras de minería tradicional
- Debilidad institucional para atender delitos asociados como reclutamiento forzado y prostitución
- Daños irreparables a la biodiversidad colombiana
- Contaminación de ríos y ecosistemas estratégicos
La representante de la Defensoría propuso un enfoque preventivo: "Hay que extender todo el aparato estatal a las regiones que presentan extracción ilegal. Como dicen los penalistas, el derecho penal es la última ratio. No hay que ser reactivos, hay que prevenir. El castigo es totalmente necesario, pero debemos saber cómo se configura este escenario".
Desafíos investigativos y procesales
Castro concluyó señalando la incapacidad del sistema judicial para procesar la magnitud de actividades ilícitas: "Saber por qué no damos abasto para hacer que la Fiscalía pueda procesar la cantidad de actividades ilícitas que se realizan en torno a la minería ilegal".
El foro evidenció la complejidad del fenómeno minero ilegal en Colombia, donde convergen intereses económicos, ambientales, de seguridad y de derechos humanos, requiriendo una respuesta integral y coordinada del Estado colombiano.
