Venezuela da luz verde a inversión extranjera en sector minero con nueva legislación
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una nueva ley minera que busca abrir el sector a la inversión privada extranjera. Esta decisión legislativa se produce en un contexto donde Estados Unidos ha flexibilizado algunas restricciones para impulsar la inversión en la economía venezolana, marcando un giro significativo en la política económica del país.
Reforma integral del marco legal minero
Desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha presentado al parlamento varios proyectos de reforma legislativa. Tras la aprobación de la ley de hidrocarburos, ahora ha llegado el turno a la ley minera, que recibió su segundo y definitivo visto bueno legislativo este jueves 9 de abril de 2026.
La nueva normativa deroga expresamente las regulaciones anteriores de 1999 y 2015, que reservaban exclusivamente al Estado la extracción de oro. Con este cambio radical, la ley permite ahora que empresas o consorcios extranjeros, nacionales, estatales y privados puedan explotar legalmente oro y otros "minerales estratégicos" identificados en el territorio venezolano.
Condiciones y plazos de las concesiones
Según el texto legal aprobado, las concesiones mineras tendrán una vigencia inicial de 30 años, con la posibilidad de prórroga hasta por dos períodos sucesivos no mayores de 10 años cada uno. Esto significa que, en la práctica, las empresas podrían operar en un mismo yacimiento por un máximo de 50 años, ofreciendo estabilidad y predictibilidad a las inversiones.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva legislación se encuentran:
- Los yacimientos minerales mantienen su condición de propiedad del Estado venezolano
- Las disputas que surjan se resolverán mediante mecanismos de arbitraje
- Se establece el pago de regalías de hasta el 13% sobre la producción bruta del mineral
- Este porcentaje se calcula sobre el valor comercial del producto final extraído
- Se implementa un impuesto adicional de hasta el 6% para empresas que realicen actividades primarias de minería
Nuevas modalidades de operación
De acuerdo con el articulado de la nueva ley, las empresas privadas podrán operar bajo dos modalidades principales: de forma independiente con autorización expresa del Estado venezolano, o bajo la figura de empresas mixtas que combinen capital público y privado. Esta flexibilidad busca adaptarse a diferentes modelos de negocio y niveles de inversión.
Un aspecto crucial de la legislación establece que el Banco Central de Venezuela asumirá la comercialización del oro extraído, manteniendo cierto control estatal sobre este metal precioso mientras se abre a la participación privada en su extracción.
Reacción del sector y contexto internacional
"La ley de minería es sumamente necesaria, ya que la normativa anterior se centraba principalmente en el oro y tenía una orientación hacia el mercado interno", afirmó un empresario del sector minero que actualmente tramita licencias para exportar equipos a Venezuela y para comercializar productos desde las minas venezolanas.
Este cambio legislativo se produce en paralelo a la emisión por parte de Estados Unidos de una licencia que autoriza ciertas transacciones relacionadas con oro de origen venezolano. Dicha autorización permite transacciones con la empresa minera estatal Minerven y sus subsidiarias, siempre que los contratos se rijan por la legislación estadounidense.
El contexto histórico pesa sobre esta reforma: Venezuela adeuda miles de millones de dólares a conglomerados industriales, petroleras y empresas mineras tras las nacionalizaciones ocurridas hace dos décadas. Entre los principales acreedores se encuentran empresas como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining, cuyos casos pendientes podrían influir en la implementación de esta nueva ley.
Esta reforma minera representa uno de los cambios más significativos en la política económica venezolana de las últimas décadas, buscando equilibrar la apertura a la inversión extranjera con el mantenimiento de ciertos controles estatales sobre recursos estratégicos.
