Transformaciones en el sistema pensional colombiano: Un análisis detallado
En los últimos meses, el sistema pensional de Colombia, con especial énfasis en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), ha experimentado uno de los ajustes normativos más significativos de las últimas décadas. Dos decisiones gubernamentales fundamentales están generando impactos acumulativos que afectan directamente a afiliados, pensionados, aseguradoras y las finanzas públicas del país.
Las modificaciones clave que transforman el panorama
El primer cambio estructural corresponde al incremento excepcional del salario mínimo legal vigente. Mientras en 2025 este se ubicaba en $1'423.500, para 2026 se estableció en $1'750.905. Aunque el aumento nominal es considerable, el dato más relevante surge al descontar la inflación observada del 5,1%, lo que revela un incremento real cercano al 18%, el mayor registrado en medio siglo.
El segundo ajuste proviene del Decreto 1485 de 2025, que modificó sustancialmente el parámetro de deslizamiento del salario mínimo. Esta fórmula, utilizada por las aseguradoras para proyectar el crecimiento temporal de las mesadas de rentas vitalicias, ahora se calculará tomando el mayor valor entre el promedio real de productividad de la última década o el 35% del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período.
Consecuencias financieras inmediatas y preocupantes
Estas modificaciones han elevado abruptamente el costo de pensionarse en Colombia. En 2025, una renta vitalicia equivalente al salario mínimo tenía un costo aproximado de $350 millones. Con la implementación de los nuevos parámetros en 2026, ese mismo beneficio asciende a cerca de $550 millones, representando un aumento del 57% que obliga a los trabajadores a ahorrar aproximadamente $200 millones adicionales para acceder a una pensión mínima.
El seguro previsional, que cubre situaciones de invalidez y sobrevivencia, también enfrenta presiones considerables. Este mecanismo de protección se financia con parte de la cotización obligatoria y, según la normativa vigente, junto con la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no puede superar el 3% del aporte total.
Bajo las nuevas condiciones, el costo ponderado del seguro ya alcanza el 2,63%, acercándose peligrosamente al límite legal establecido. Si esta tendencia continúa, podría superar el tope regulatorio, generando un vacío normativo preocupante para el sistema.
Grupos afectados y sus realidades específicas
Los impactos de estas medidas no son teóricos. Se estima que más de 115.000 personas se verán afectadas en el corto y mediano plazo, distribuidas en cuatro grupos principales:
- Afiliados que deben posponer su pensión: Aproximadamente 12.400 personas, incluyendo 1.300 que ya alcanzaron la edad de jubilación, deberán cotizar entre 4,6 años adicionales en promedio, con casos extremos que podrían extenderse hasta 20 años más.
- Trabajadores que requieren apoyo estatal: Un segundo grupo de 3.600 personas en 2026, que podría aumentar a 32.500 en los próximos 15 años, deberá acudir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), generando un costo fiscal acumulado estimado en 4,8 billones de pesos a precios de 2026.
- Pensionados con reducciones significativas: Alrededor de 72.600 personas bajo la modalidad de retiro programado sin garantía de pensión mínima enfrentarán recálculos de reservas y mesadas, con reducciones que podrían alcanzar hasta el 50% en algunos casos.
- Pensionados en situación vulnerable: Cerca de 20.000 personas (14.000 hombres y 6.000 mujeres) que, al acercarse al salario mínimo, deberían migrar a rentas vitalicias pero no cumplen los nuevos umbrales, quedando en un limbo jurídico y financiero.
Implicaciones sistémicas y desafíos futuros
En conjunto, estas medidas normativas no solo encarecen el acceso a la pensión mínima, sino que aumentan la incertidumbre del sistema, exigen períodos de cotización más extensos y trasladan costos significativos desde el Estado hacia afiliados, pensionados y administradoras privadas.
El sistema enfrenta actualmente mayores exigencias de capital, presiones crecientes sobre el seguro previsional y un incremento sustancial en el pasivo fiscal futuro a través del FGPM. Esta situación representa uno de los choques más relevantes que ha experimentado el régimen privado de pensiones en Colombia durante las últimas décadas.
El debate nacional ahora se centra en la sostenibilidad del modelo pensional, la responsabilidad del Estado frente a los efectos de las decisiones salariales y la urgente necesidad de ajustes regulatorios que eviten que el incremento del salario mínimo termine erosionando progresivamente el ahorro pensional de millones de trabajadores colombianos.
