Contraloría advierte sobre inviabilidad jurídica del traslado pensional propuesto por el Gobierno
El proyecto de decreto del presidente Gustavo Petro que busca trasladar más de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones ha generado una alerta contundente de la Contraloría General de la República. El organismo de control señala que esta medida carece de viabilidad jurídica y conlleva riesgos significativos para las finanzas públicas y los funcionarios involucrados.
Fundamentos legales cuestionados
La Contraloría ha determinado que la implementación del decreto sería inviable frente a la normativa vigente, específicamente el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) y el Decreto 1225 de 2024 que lo reglamenta. Según el análisis del organismo, ordenar el traslado total de recursos no resulta jurídicamente viable porque la mayoría de los afiliados que cambiaron de régimen aún no han adquirido el derecho a la pensión.
De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 119.496 personas realizaron el traslado de régimen durante la ventana de oportunidad contemplada por la ley, pero solo 18.507 han alcanzado la edad de pensión. Este desfase temporal representa uno de los principales obstáculos legales identificados por la entidad de control.
Riesgos fiscales y patrimoniales
La Contraloría advierte que adelantar el traslado generalizado podría implicar un incremento sustancial del pasivo pensional del Estado, al convertir ahorro pensional en gasto corriente. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, amplía esta preocupación:
"Trasladar, de manera abrupta, una suma tan material como la que se pretende sin que la entidad técnica habilitada para su gestión se encuentre en funcionamiento genera el riesgo inminente de que el ahorro de los trabajadores sea utilizado para financiar gasto corriente del Estado", explicó Pérez, quien agregó que esto aumentaría la carga fiscal para las futuras generaciones de colombianos.
Plazos cuestionados y consecuencias para funcionarios
El borrador del decreto plantea un traslado en apenas 15 días, un plazo que expertos consideran insuficiente y que podría forzar la liquidación de inversiones fuera de los tiempos establecidos, derivando en detrimentos patrimoniales. El exmagistrado Aroldo Quiroz señaló que el Gobierno debería esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional antes de proceder.
Fabio Humar, abogado especializado, explicó las posibles consecuencias para los funcionarios: "La Contraloría no tiene la facultad de suspender los decretos pero sí advertir que hay irregularidades. Los funcionarios que en contravención a lo señalado procedan a ejecutar el decreto pueden estar incursos luego en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales".
Exposición a procesos legales
Los servidores públicos que ignoren las alertas de la Contraloría corren el riesgo de ser investigados y sancionados por los eventuales detrimentos patrimoniales. Al haber sido prevenidos formalmente sobre los riesgos, no solo por los órganos de control sino por múltiples expertos en la materia, su exposición a procesos disciplinarios e incluso penales se incrementa significativamente.
La Fiscalía General de la Nación podría considerar que el actuar de estos funcionarios es manifiestamente contrario a la ley si persisten en implementar el decreto a pesar de las advertencias. Desde el punto de vista jurídico, esta decisión resulta difícil de explicar en su racionalidad y conveniencia, y aún más complicada de justificar legalmente según los análisis presentados.
El debate sobre el traslado pensional continúa en medio de crecientes preocupaciones sobre su impacto fiscal, legal y sobre la seguridad jurídica de los funcionarios públicos involucrados en su eventual implementación.
