Senadora Isabel Zuleta defiende medida de suspensión de órdenes de captura en proceso de paz
La senadora Isabel Zuleta, quien lidera la delegación del Gobierno en la mesa de paz urbana de Medellín, ha salido al frente para defender la controvertida suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Según su explicación, esta decisión constituye una herramienta fundamental para mantener abiertos los canales de diálogo con las bandas que operan en la región.
Una medida preventiva con objetivos claros
"Se trata de una medida preventiva que no frena investigaciones ni elimina responsabilidades penales", asegura Zuleta. La senadora enfatiza que el objetivo principal es evitar que quienes participan en los acercamientos de paz sean capturados en medio del proceso, lo que podría truncar las negociaciones antes de que produzcan resultados concretos.
La decisión, sin embargo, ha profundizado las tensiones institucionales con la Fiscalía General de la Nación, ente al que la delegación cuestiona por intervenir en la valoración de los avances del proceso de paz. Esta situación ha reavivado el debate nacional sobre los riesgos, alcances y condiciones específicas de la política de "paz total" en el contexto particular de Medellín y su área metropolitana.
Garantías para participantes y tensiones con la justicia
Zuleta detalla que de los 23 jefes criminales incluidos en la medida, siete ya se encuentran en libertad tras cumplir condenas impuestas por la justicia. Estos individuos, según la senadora, habían mostrado reticencia a acercarse al proceso de paz por temor a una persecución por parte de autoridades locales y nacionales.
"Lo que piden es una garantía para que puedan seguir reuniéndose con nosotros", explica Zuleta, añadiendo que "es aterrador que en este país quienes estamos ejerciendo la labor de paz perciban que acercarse a nosotros va a hacer que la Fiscalía los persiga".
Respecto a los otros 16 jefes que permanecen privados de la libertad, la senadora insiste en que la suspensión de capturas no significa un fortalecimiento de las estructuras armadas, ya que las investigaciones continúan su curso normal y la justicia mantiene su capacidad de actuación.
Disputa de competencias con la Fiscalía
Un punto particularmente espinoso en este proceso ha sido la disputa de competencias entre la delegación de paz y la Fiscalía. Zuleta argumenta que la Ley de Paz Total no otorga a la Fiscalía la facultad de valorar los avances de los procesos de diálogo, competencia que según ella corresponde exclusivamente al Presidente de la República y sus delegados.
"La valoración del estado de avance de un proceso lo hace el Presidente de la República y lo puede delegar en el Consejero Comisionado y en sus órdenes", afirma la senadora, calificando de "arbitraria" la revisión que realiza la Fiscalía.
Avances concretos y desafíos legislativos
En cuanto al estado actual de las negociaciones, Zuleta revela que se encuentra en proceso de cierre la segunda etapa del diálogo, que incluye la evaluación del piloto de barrios libres de extorsión implementado en Medellín. Además, se trabaja en la construcción de un capítulo específico sobre economías ilícitas que busca establecer mecanismos para transitar hacia la legalidad.
Un obstáculo significativo identificado por la senadora es la falta de voluntad del Congreso para debatir la ley de sometimiento, instrumento jurídico que considera vital para procesos como el de Medellín. "Lo que tengo que decirle al país es que no hay voluntad del Congreso de la República por avanzar en los procesos de paz en Colombia", lamenta Zuleta.
La situación en Medellín representa un caso de prueba crucial para la política de paz total del gobierno nacional, enfrentando desafíos tanto operativos como institucionales que podrían definir el rumbo de futuros procesos de diálogo en otras regiones del país afectadas por la violencia criminal organizada.
