Contraloría advierte riesgos en traslado de fondos de pensiones de AFP a Colpensiones
La Contraloría General de la República se ha sumado a las entidades que identifican riesgos significativos en la aplicación del proyecto de decreto mediante el cual el Gobierno Nacional propone el traslado de los recursos de las pensiones que están a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
Es crucial aclarar que esta medida no aplica para todas las pensiones, sino específicamente para los dineros de las personas que, aprovechando la oportunidad de traslado creada por la reforma pensional, han pasado desde los fondos privados de pensiones hacia el régimen público administrado por Colpensiones.
Base legal y preocupaciones institucionales
Esta posibilidad fue abierta por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la cual fue aprobada por el Congreso de la República y actualmente se encuentra sometida a control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Previamente, el Banco de la República y otras entidades ya habían alertado sobre las fallas de legalidad que podría presentar esta medida.
Ahora, la Contraloría ha realizado un análisis preliminar del borrador de decreto presentado por el Ministerio del Trabajo, identificando preocupaciones fundamentales. Para el ente de control resulta especialmente preocupante que en este panorama los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente.
Existe la posibilidad real de que el traslado total de los recursos acumulados hacia Colpensiones implique que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo terminen siendo utilizados para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas pensionales.
Cifras y alcance del traslado
Con corte a febrero de 2024, se han trasladado 119.496 personas desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). Los recursos asociados a estos traslados ascienden aproximadamente a 24,7 billones de pesos colombianos.
De este universo total:
- 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, cuyos recursos asociados en cuentas de ahorro individual podrían ascender aproximadamente a 5,1 billones de pesos.
- Las otras 100.989 personas aún no han adquirido el derecho a pensión y estarían aportando un recaudo anual de aproximadamente 686.642 millones de pesos.
Problemas jurídicos identificados
Si bien el proyecto de decreto se fundamenta en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 para ordenar el traslado de los recursos, ese mismo artículo establece de manera expresa que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe continuar siendo administrado por los fondos privados, hasta el momento en que se consolide el derecho pensional.
Por esta razón, no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión. Además, no se han podido efectuar los traslados de los recursos de las 18.507 personas que ya cuentan con ese derecho porque las administradoras de fondos argumentan una imposibilidad técnica.
Esta imposibilidad se fundamenta en que no se puede realizar el traslado hasta que entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, según lo establecido en el Decreto 1225 de 2024 que reglamenta la Ley 2381 de 2024. Dado que dicho fondo aún no ha entrado en operación, se considera que no existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos a trasladar desde las cuentas de ahorro individual.
Posición del Gobierno y conclusión de la Contraloría
El Ministerio de Hacienda ha defendido la medida argumentando que "de los trasladados se les ha reconocido la pensión a más de 24 mil afiliados, los cuales han sido atendidos y pagados por Colpensiones, representando aportes superiores a 5,4 billones de pesos".
La cartera económica sostiene que los aportes de los afiliados permanecen en los fondos privados y eso crea una presión insostenible sobre las finanzas del fondo público, siendo esta la explicación fundamental detrás del decreto propuesto.
Sin embargo, la Contraloría General considera que la implementación del proyecto de decreto propuesto por el Ministerio del Trabajo es inviable en virtud de la normativa vigente. Como la ley de la reforma pensional está en revisión por parte de la Corte Constitucional, en caso de que sea declarada exequible, los recursos ahorrados deberían dirigirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que sería administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones para el pago de las mesadas de los pensionados por traslado.
