Contraloría General advierte sobre graves riesgos en proyecto de traslado pensional
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre los múltiples riesgos identificados en el borrador de decreto presentado por el Ministerio del Trabajo, que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. El organismo de control realizó un análisis exhaustivo del documento preliminar, el cual pretende implementar el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, parte fundamental de la reforma pensional actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional.
Riesgo de convertir ahorro de largo plazo en gasto corriente
Según el análisis de la Contraloría, existe una preocupación fundamental porque los recursos destinados al ahorro pensional de los colombianos puedan terminar siendo utilizados como gasto corriente del Estado. La advertencia señala que, de concretarse el traslado total de recursos a Colpensiones, los dineros acumulados para el retiro de los trabajadores podrían desviarse para financiar el pago inmediato de mesadas pensionales, comprometiendo así la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Cifras reveladoras del traslado actual
Las estadísticas oficiales muestran una situación en desarrollo:
- Con corte a febrero de 2026, 119.496 personas ya se han trasladado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM)
- Los recursos involucrados en estos traslados ascienden a aproximadamente $24,7 billones
- De este total, 18.507 personas ya cuentan con derecho a pensión, con ahorros estimados en $5,1 billones
- Las 100.989 personas restantes aún no han adquirido el derecho pensional y aportan cerca de $686.642 millones anuales
Inviabilidad jurídica del proyecto
La Contraloría ha determinado que el proyecto de decreto presenta graves problemas de viabilidad jurídica. Aunque se sustenta en el artículo 76 de la Ley 2381, esta misma disposición establece claramente que los recursos de las cuentas individuales deben continuar siendo administrados por los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional de cada afiliado.
El organismo argumenta que no sería jurídicamente viable ordenar el traslado total de los recursos, considerando que la mayoría de los afiliados (100.989 personas) aún no cumplen con los requisitos necesarios para pensionarse. Esta situación crea un vacío legal que impediría la implementación efectiva de lo planteado en el borrador ministerial.
Obstáculos operativos adicionales
Para las 18.507 personas que ya tienen derecho a pensión, las AFP han reportado dificultades significativas para realizar los traslados. Este impedimento se deriva del Decreto 1225 de 2024, que establece que los recursos deben permanecer en las administradoras privadas mientras no entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Dado que este fondo aún no está operativo, tampoco existe actualmente un mecanismo institucional adecuado para recibir y administrar estos recursos, lo que en la práctica imposibilitaría la aplicación de lo propuesto en el borrador del Ministerio del Trabajo.
Consecuencias para el Estado y futuras generaciones
La Contraloría concluye que la implementación del proyecto resulta inviable bajo la normativa vigente, especialmente considerando las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 y su decreto reglamentario. Además, el organismo recuerda que la reforma pensional completa se encuentra actualmente suspendida y bajo revisión constitucional.
En caso de que la Corte Constitucional declare exequible la ley, los recursos ahorrados deberían dirigirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que sería administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones para el pago inmediato de mesadas.
Finalmente, la Contraloría advierte sobre un riesgo fiscal considerable: este escenario podría incrementar significativamente el pasivo pensional del Estado, al cambiar la sostenibilidad de largo plazo por alivios fiscales inmediatos, trasladando así cargas financieras a las futuras generaciones de colombianos. "En otras palabras, la obligación del Estado se mantiene, pero con menor ahorro disponible para financiarla", concluye el análisis del organismo de control.
