Contraloría General advierte sobre riesgos en proyecto de repatriación de fondos pensionales
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre los riesgos jurídicos y fiscales que representa el traslado masivo de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El organismo de control señala que esta medida podría carecer de sustento legal y comprometer seriamente la sostenibilidad del sistema pensional colombiano.
El contexto del decreto del Ministerio del Trabajo
Este pronunciamiento se produce durante el análisis de un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, que busca reglamentar el traslado de recursos de afiliados que aprovecharon la denominada "ventana de oportunidad" incluida en la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
El artículo 76 de dicha reforma permite que todo colombiano que esté a menos de 10 años de pensionarse, o en edad de pensión, pueda cambiar de régimen, siempre que, con corte a junio de 2025, ya tuviese 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas cotizadas (hombres).
Los montos y los afectados
La Contraloría advirtió que en este proceso están comprometidos cerca de 24,7 billones de pesos correspondientes a más de 119.000 afiliados que se trasladaron de régimen. La mayoría de estos afiliados aún no cumplen los requisitos para pensionarse, y sus ahorros, invertidos en el exterior por los fondos privados, podrían retornar al país mediante decreto.
Solo alrededor de 18.500 personas que hicieron uso de ese traslado ya consolidaron su derecho pensional, mientras que el resto continúa en etapa de acumulación de ahorro. Esta situación limita jurídicamente la posibilidad de mover esos recursos en el corto plazo.
Los principales riesgos identificados
El organismo de control ha identificado varios riesgos críticos:
- Contradicción normativa: El traslado anticipado podría contradecir la normativa vigente, que establece que los recursos de las cuentas individuales deben permanecer administrados por los fondos privados hasta que se consolide el derecho a la pensión.
- Uso como gasto corriente: Convertir esos ahorros en recursos disponibles para el pago inmediato de mesadas podría implicar que el ahorro de largo plazo termine utilizándose como "gasto corriente", lo que aumentaría significativamente el pasivo pensional del Estado.
- Vacío operativo: Actualmente no existe un mecanismo institucional plenamente habilitado para recibir esos recursos, debido a que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, gestionado por el Banco de la República, aún no entra en funcionamiento.
Advertencias de expertos y entidades técnicas
A estos cuestionamientos se suman advertencias de expertos y entidades técnicas, incluyendo al Banco de la República, que han señalado que el traslado anticipado podría:
- Alterar el equilibrio del sistema pensional
- Afectar negativamente el mercado de capitales
- Trasladar cargas fiscales a futuras generaciones
La discusión ocurre en un contexto de incertidumbre jurídica, ya que la reforma pensional aún se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional.
Conclusión de la Contraloría
En este escenario complejo, la Contraloría concluyó que el traslado masivo de recursos en las condiciones actuales resulta inviable tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. Esta posición abre un nuevo frente de debate sobre el alcance real de la reforma pensional y la sostenibilidad del sistema de jubilación en Colombia.
El gobierno nacional había asegurado que se trataría de un proceso gradual durante cinco años, pero las advertencias de la Contraloría plantean serias dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa que involucra sumas billonarias del ahorro pensional de los colombianos.
