Contraloría señala graves obstáculos en proyecto de traslado pensional
La Contraloría General de la República se ha unido formalmente a las voces críticas que cuestionan la iniciativa gubernamental de transferir recursos desde las Administradoras de Fondos Pensionales (AFP) hacia el sistema público de Colpensiones. El organismo de control ha realizado un análisis preliminar del borrador de decreto presentado por el Ministerio del Trabajo, llegando a conclusiones preocupantes sobre la viabilidad de esta medida.
Riesgos financieros y legales identificados
Según el informe de la Contraloría, existen múltiples dificultades jurídicas que harían inviable la ejecución del proyecto. El ente de control advierte que los recursos de ahorro pensional podrían convertirse en fuente de gasto corriente, desvirtuando su propósito original. Específicamente, el traslado total de recursos acumulados a Colpensiones implicaría que los dineros destinados al ahorro pensional podrían utilizarse para financiar gastos corrientes asociados al pago de mesadas pensionadas.
La Contraloría fundamenta su posición en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, el cual establece de manera expresa que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe seguir siendo administrado por los fondos privados hasta el momento en que se consolide el derecho pensional. Esta disposición legal crea un obstáculo insalvable para la mayoría de las personas que aún no han adquirido el derecho a la pensión.
Cifras reveladoras del proceso de traslado
Las estadísticas oficiales muestran la magnitud del proceso que ya está en marcha:
- Con corte a febrero de 2026, se han trasladado 119.496 personas desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)
- Los recursos movilizados ascienden aproximadamente a $24,7 billones
- De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión
- Las restantes 100.989 personas todavía no han adquirido ese derecho
- Este grupo aportaría un recaudo anual de $686.642 millones
Imposibilidad práctica en la ejecución
La Contraloría destaca que ni siquiera se han podido efectuar los traslados de los recursos correspondientes a las 18.507 personas que ya cuentan con derecho a pensión. Las administradoras de fondos han señalado una imposibilidad técnica para realizar estas transferencias, ya que según el decreto 1225 de 2024 (que reglamenta la Ley 2381), no se puede ejecutar el traslado hasta que entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Esta situación crea un doble obstáculo: por un lado, la imposibilidad legal de transferir recursos de quienes aún no tienen derecho pensional, y por otro, la imposibilidad técnica de transferir recursos de quienes sí lo tienen. La Contraloría se suma así al Banco de la República, que anteriormente había alertado sobre las fallas de legalidad que presentaría esta iniciativa gubernamental.
El análisis del organismo de control concluye que el proyecto, aunque bien intencionado en su objetivo de fortalecer el sistema público de pensiones, presenta deficiencias estructurales tanto en su fundamentación jurídica como en su implementación práctica, lo que comprometería seriamente su viabilidad y podría generar consecuencias negativas para el sistema pensional colombiano en su conjunto.
